Por Sofía Alberti* | Este martes la multinacional retomó las actividades en Villa Gobernador Gálvez y Bahía Blanca tras cinco días de lockout. El lunes hubo una álgida audiencia en el Ministerio de Trabajo Provincial, donde la patronal adujo su medida a cuestiones de seguridad. Argumento fuertemente rebatido con pruebas de la parte sindical, que contó con el apoyo y presencia de diversos legisladores.
A las seis de la mañana, tras cinco días de lockout patronal, los trabajadores de Cargill pudieron reingresar a sus puestos. El pasado jueves la empresa había realizado un cierre intempestivo, informando que por cinco días los 500 obreros de ambas plantas estaban suspendidos sin goce de haberes por dicho lapso. La disposición generó una convocatoria de la cartera provincial.
Como dato sobresaliente, la multinacional que más factura por lejos en el sector agroexportador envió por primera vez a parte de la plana mayor de la gerencia. Marcelo Patriarca, Gerente de Recursos Humanos Nacional y encargado de Cargill en el área latinoamericana y Mónica Castillo, Gerenta de Recursos Humanos regional, encabezaron el cuarteto patronal.
Junto a los dirigentes del Sindicato Aceitero, delegados de planta y asesores legales obreros, estuvieron los Diputados Provinciales Carlos Del Frade, Mercedes Meier, Luis Rubeo y Verónica Benas; la Diputada Nacional Lucila Deponti; y el Concejal Eduardo Toniolli.
Los cruces fueron sólidos durante todo el encuentro: la empresa expresó que el cese de actividades era por cuestiones de seguridad y se negó a discutir los despidos; mientras la parte sindical esgrimió datos, estudios e incluso expedientes del Ministerio de Trabajo con los que rebatió los planteos patronales, dejando plasmado que las fallas de seguridad más graves registradas en los últimos años fueron por faltas de Cargill y no de sus empleados. Entre ellas, una orden oficial de meses atrás de detener el proceso productivo por estar en riesgo de una explosión similar a la sucedida en Cofco.
“Cargill vino a tratar de justificar su lockout en que no podemos seguir así por cuestiones de seguridad, cuando está comprobado que es la propia empresa la que falta a la seguridad. Al igual que el tema de los perfiles por los cuales despide, es otra excusa que ponen”, explicó el Secretario General del SOEAR, Adrían Dávalos, haciendo referencia a la explicación de la firma sobre por qué despidió a 44 obreros a fines de enero.
“No vinieron a discutir los despidos, que es el eje central. Vamos a seguir con las huelgas, no nos dejan otra salida. Quieren operar con trabajadores que no están capacitados. También nos vienen a decir cómo tenemos que hacer la huelga. Sin dudas esto es un adoctrinamiento hacia el gremio”, analizó el dirigente aceitero.
Según recordó Dávalos, el SOEAR es pionero en la realización de ‘paros seguros’, tomando los recaudos necesarios para evitar el daño de maquinarias y permaneciendo los trabajadores en sus puestos durante la medida. Algo que la propia gerencia intentó cambiar al sugerir que hicieran huelga fuera del establecimiento. Denunció además que la existencia de 500 mil litros de solventes dentro de la planta la transforman en un peligro inminente si no hay actividad y controles, otra razón para argumentar que el lockout patronal además de ilegal, es negligente.
La continuidad del conflicto por los despidos en Cargill está planteada a largo plazo. El sector sindical reitera su postura de revertir la totalidad de los despidos, que hoy abarca a 33 operarios pues 11 definieron tomar retiros voluntarios. Los cesanteados permanecen en las puertas de la planta de VGG, mientras quienes ingresan prometen continuar con medidas sorpresivas. Mediante un comunicado emitido esta mañana, la empresa advirtió la realización de medidas judiciales contra los trabajadores que ayer a la salida de la audiencia vociferaron contra la gerencia, en una jugada que pretende correr el debate al fuero penal.
A la par este conflicto, se desarrolla una paritaria en la cual el Gobierno Nacional y las patronales aceiteras pretenden que el gremio cierre un acuerdo del 15%, muy por debajo del valor del salario mínimo, vital y móvil, que reivindican como precio de la fuerza de trabajo en cada negociación. Y el dirigente nacional, Daniel Yofra, denunció que el Ministro de Trabajo Jorge Triaca prepara una intervención de la Federación Aceitera por no disciplinarse. El mapa está abierto, pero para los aceiteros el horizonte es de lucha.
*Nota y fotos: Sofía Alberti, Comunicación CTAA