Cinco trabajadores de Rosario, integrantes de la CTAA, ATE y AMSAFE Rosario, fueron detenidos violentamente en la mañana del 16 de octubre. Gracias a la rápida acción unitaria en las calles y la bifurcación del conflicto que incluyó un paro solidario de todas las plantas aceiteras de la zona, recuperaron la libertad en el mediodía siguiente. La criminalización de la protesta, avanza.
Lo sucedido con dos integrantes de comisión directiva del gremio docente y un delegado de base, un militante territorial de la Fenat – CTAA, un trabajador estatal despedido de Niñez y un municipal de Venado Tuerto, marcó un antes y un después en la vida democrática de Santa Fe.
A más de un mes de las protestas contra la reforma previsional en la Legislatura, el mismo día en que se reconocía a los policías que actuaron aquel 12 de septiembre en la capital provincial y a 24 horas de cerrada la paritaria provincial -con rechazo contundente de las delegaciones locales de los mencionados sindicatos-, salieron las órdenes de allanamiento.
Con violencia, sin necesidad alguna, la policía de Santa Fe arremetió en las viviendas rompiendo puertas y demás pertenencias. La casa de la madre de la secretaria general de la CTAA y ATE, Lorena Almirón, fue uno de los focos de agresión policial buscando a su hermano, Maximiliano Molina, referente territorial. La orden de allanamiento esgrimida sólo con la presencia del abogado y luego de un maltrato claro a la dirigenta a quien le impidieron hablar con su madre, decía estar en busca de remeras, pecheras, banderas y pancartas de ATE.
En otros de los casos, las fuerzas ingresaron y apuntaron con armas a los trabajadores y a sus familias. Durante unas horas, no se supo dónde habían trasladado a quienes encontraron en los domicilios declarados. Los compañeros restantes, se presentaron inmediatamente y se pusieron a disposición judicial.
Inmediatamente, un amplio arco sindical local, nacional e incluso internacional, se plantó en la exigencia de liberación inmediata. Una masiva convocatoria frente a la sede de Gobernación durante la tarde del 16, marcó la cancha a la avanzada judicial con claro –al menos- aval del Ejecutivo provincial. Allí, el Sindicato de Aceiteros de Rosario anunció un paro en el mayor cordón agroexportador del país, en solidaridad. En el mismo horario de la concentración, los detenidos eran llevados a la ciudad de Santa Fe, trasladados como presos de alto perfil, esposados y con oficiales encapuchados y armados.
La mañana del 17 de octubre, bajo una intensa lluvia, cientos de militantes rosarinos concentraron en las puertas del Tribunal de Santa Fe, donde se llevó adelante la audiencia imputativa. Hubo presencia de dirigentes nacionales, como los secretarios generales nacionales de ATE, Rodolfo Aguiar y de la FENAT, Omar Giuliani. Vergonzosa y preocupante fue la ausencia total de la dirigencia provincial de los sindicatos agredidos.
Pese a la virulencia extraordinaria del día anterior, en la audiencia quedaron claras una serie de cuestiones. Primero que por los delitos que se imputan bastaba una citación. El circo violento de los allanamientos y los traslados no tuvo base jurídica ni legal, sino política. Segundo que no había motivos para la privación de la libertad durante el proceso, por lo que fueron liberados pasado el mediodía.
Los cargos imputados a los seis trabajadores fueron daño agravado y perturbación de la sesión legislativa. Los acusan, básicamente, de romper una puerta mientras adentro del recinto de hecho se rompieron los derechos previsionales de decenas de miles de personas con una votación a todas luces, trucha. Tras todo el periplo inicial, la exigencia es que se desprocese a los implicados y se termine con la criminalización y la judicialización de la protesta.
Comunicación CTAA Rosario – Fotos: Sofía Alberti
