Por Sofía Alberti* | En la tarde del jueves, la CTA Autónoma junto a diversos sindicatos convocó a un panel debate sobre la reforma laboral y económica, haciendo eje gravitacional en el rol de los sindicatos ante el ajuste. Cientos de trabajadoras y trabajadores dejaron chico el salón de COAD donde referentes en la materia expresaron sus lecturas sobre este proyecto de ley que se propone avasallar derechos conquistados. A continuación, los principales puntos de la exposición de la Secretaria General de la Asociación de Abogados Laboralistas, María Paula Lozano.
La abogada explicó que la reforma laboral parte del supuesto de que “para el desarrollo próspero hay que equilibrar lo que está desequilibrado, cuestión absolutamente falsa”. De este modo, las acusaciones hacia los abogados laboralistas son la punta de lanza para “avanzar con una reforma que no empieza ni termina con el proyecto e implica retrotraernos al punto previo de la creación del derecho laboral, basado en la noción del mercado autorregulado”. Las reformas laborales con reducción de derechos según la propia OIT han generado en distintos períodos históricos, tanto en América Latina como en Europa, mayor precariedad y endeudamiento.
Para Lozano, el único modo de resistir este embate es que los protagonistas –en referencia a los trabajadores y sus organizaciones- se asuman como propios y pongan un límite. Los despidos y quita de derechos que viene aplicándose sistemáticamente desde hace dos años ha sido el primer paso para la consolidación de esta reforma, que tuvo como cómplices a los medios de comunicación hegemónicos. “Es la punta de un iceberg, lo dijo La Nación hace unos días, de una reforma muchísimo más profunda que se ubica en el año que viene y lo que va a estar en juego es la disponibilidad colectiva. Sería un puntapié para que los sindicatos avancen en la negociación por empresa o actividad en la posibilidad de flexibilizar ciertos institutos que dan demasiada tutela”, expresó la letrada.
Sobre los aspectos puntuales del proyecto, la referente de AAL sentenció que “no es necesaria esta reforma” y que más allá de las modificaciones introducidas al texto original, sigue significando una clara pérdida de derechos. El proyecto oficial con anuencia de la CGT que ingresará en la legislatura esta semana se propone cambiar aspectos nodales de leyes como la de Contrato de Trabajo (LCT), de Empleo y la de Pasantías que violan disposiciones constitucionales y de tratados internacionales. No es sólo una cuestión legal: se pretende pulverizar aspectos filosóficos nodales que dieron paso a la existencia misma del derecho de trabajo.
El camino que se proponen las patronales a través del gobierno nacional es aumentar la tercerización, la precarización, abaratar costos laborales e indemnizaciones por despidos y reclamos por trabajo no registrado, reducir responsabilidades del empleador y sujetar a los empleados a las disposiciones unilaterales del las empresas en materia de incrementos salariales, condiciones laborales, entre otras. Todo esto, claro está, reduciendo a los sindicatos a un rol cosmético más vinculado con la anuencia que con la posibilidad de defender a quienes tienen la parte más vulnerable en el contrato laboral: los trabajadores y trabajadoras.
Puntos sobresalientes del proyecto de reforma:
- Creación de la figura de trabajadores profesionales autónomos económicamente vinculados a una patronal de la que dependan hasta el 80 % de sus ingresos y no superen las 22 horas semanales. Se considerará que no hay relación de dependencia y permanecerán fuera de la cobertura de la LCT.
- Se viola el principio irrenunciabilidad, modificando la perspectiva de que la relación laboral no es libre, porque se rige sobre la necesidad de sobrevivir y la dependencia de salario. Actualmente no se puede renunciar a derechos colectivos ni de mejora individual. Si se aprueba la reforma, con elementos anticonstitucionales , lejos de bajar la litigiosidad la aumentará. Vale recordar que el andamiaje legal establece que ninguna norma puede contrariar a la Constitución Nacional, a la que por ello se conoce como Ley de Leyes.
- Tercerización. Es la oveja negra sostenida a lo largo de los diversos gobiernos, afectando a un tercio de la masa laboral. Si bien es permitida desde la reforma de la LCT realizada por la dictadura genocida, al momento rige el principio de la responsabilidad solidaria del principal empleador. Al anularse esta responsabilidad se habla de “la vía libre para tercerizar más”.
- Modificación de las condiciones esenciales de trabajo. Actualmente mediante un proceso sumarísimo se revierten los cambios unilaterales. Este proceso se anula como posibilidad, pero prevalece la capacidad de darse injuriado y despedido, lo que nuevamente generaría más litigiosidad judicial.
- Indemnización por despido. Se abaratan los costos finales. Hoy el despido sin causa es ilícito y en caso de no revertirse se exhorta al pago de indemnización tarifada en base a la antigüedad y mejor remuneración. Pero con el proyecto actual se modifica base de cálculo, dejando afuera el cálculo de aguinaldo, bonificaciones no mensuales y compensación de gastos. En síntesis, despedir saldrá más barato.
- Con la creación del fondo del cese de empleo, se generaliza un sistema como el que existe en el sector de la construcción, con aportes mensuales que forman parte de una suerte de alcancía de las patronales para despedir.
- Personas con relación laboral no registrada. Hoy, se puede intimar a que se los registre, con derecho a indemnización. El proyecto le quita ese derecho al trabajador, promueve la intimación y la Anses sería beneficiaria del 50% del salario mínimo vital y móvil. Con el pocentaje actual de trabajadores en negro, les quitan hasta la posibilidad de reclamar por la falta de aportes sociales. “Esto fomenta la clandestinidad laboral”.
- Ley de pasantías. En el marco actual, aunque se violan, existen parámetros estrictos que, si no se cumplen, se estima la existencia de relación laboral. Eso se saca, se amplían las horas y favorece el trabajo basura.
- Trabajo juvenil: “permite intermediación de personas sin límites”.
Como síntesis, Lozano concluyó que “se pretende avanzar hacia mayores niveles de flexibilidad con un horizonte de retornar al contrato individual de trabajo, como sucedió en Brasil”.
*Nota y fotos: Sofía Alberti, Secretaria de Comunicación CTA Rosario
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