Por Sofía Alberti* | Esta semana diversos gremios que nuclean a trabajadores dependientes del Estado se manifestaron por condiciones de trabajo, salario y respeto de derechos adquiridos. ATE Rosario y Amsafe Rosario se movilizaron al Ministerio de Educación por el incremento de asignaciones familiares y presupuesto educativo, mientras Siprus denunció la crisis en el sistema de salud pública. Todo en una semana donde el gobierno nacional apuesta a aplastar el concepto de salario mínimo, vital y móvil.
El miércoles integrantes del sector Asistentes Escolares de la Asociación Trabajadores del Estado y docentes nucleados en Amsafe local se reunieron en las puertas del Ministerio de Educación. Allí llevaron un extenso pliego de reclamos. Seguridad, condiciones edilicias, licencias por enfermedad y asignaciones familiares, fueron parte del combo.
El Secretario General de la CTA y Amsafe Rosario, Gustavo Terés aseguró que “todos los puntos forman parte de un problema nodal y que es la falta de presupuesto educativo. Mientras ese presupuesto no crezca, quede congelado o termine descendiendo, en algún lugar se ven los recortes. Y en ese caso nosotros los vemos. Incluso venimos a reclamar las asignaciones familiares, que son vergonzosas. Miguel Lifschitz, tiene una deuda con los trabajadores del Estado porque estamos cobrando las asignaciones familiares, por escolaridad y por matrimonio más bajas. Son tres pesos por mes por escolaridad, son cifras obscenas. Alrededor de nuestra provincia algunos cobran tres o cuatro veces más que nosotros”.
La situación en los comedores escolares y las condiciones edilicias de las escuelas vienen siendo parte de un reclamo unitario de larga data de ambos sindicatos. Tal como indicó el periodista Tomás Viú en una extensa nota sobre el tema en el Boletín Enredando, 4,5 millones de niños se alimentan en las escuelas de nuestro país. El anuario estadístico 2016 del Ministerio de Educación de Santa Fe indicó que en nuestra provincia asisten a la escuela 1.069.946 alumnos, sumando las escuelas de gestión estatal y las de gestión privada. De ese total hay 818.454 que reciben la copa de leche y 302.486 que también asisten al comedor escolar.
En un clima de creciente ajuste donde vuelve a verse que no sólo los chiquitos acuden al comedor, sino toda la familia, donde la plata para las raciones no alcanza y la demanda crece, realizar estos pedidos públicos es una cuestión de supervivencia para los sectores populares. Más cuando el propio Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA indicó el escandaloso dato de que en el país del pan, la carne y la leche, la mitad de los pibes y pibas pasan hambre.
Salud crítica
Otro sector vapuleado y a la vez caja de resonancia de las crisis es el de Salud. Allí se congregan los y las desplazadas del sistema de salud privada, los y las desempleadas –sólo en Abril el Ministerio de Trabajo reconoció la pérdida de 50 mil puestos de trabajo en el sector privado- , jubiladas y jubilados que prefieren no morir en PAMI. Allí se tratan los efectos de la pobreza que no sabe de segundos semestres ni de promesas de reactivación. Allí se tratan los daños colaterales de la reactivación económica que nunca llega y los 7 puntos perdidos de poder adquisitivo de los salarios en un año.
El Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (SIPRUS) denunció la grave situación que se vive en estos momentos de alta demanda en distintos servicios y efectores de la provincia, como guardias externas de adultos y pediátricas en Rosario (por ejemplo en el Hospital Provincial), Villa Constitución, Villa Gobernador Gálvez y Firmat. También los centros de salud provinciales están sufriendo una crisis por falta de recursos humanos. Según indicó el Secretario Gremial del Sindicato, Diego Ainsuaín, “en algunos casos peligra la atención que se sostiene en forma precaria con el sobresfuerzo de los trabajadores”.
Los bajos salarios, y el atraso en el pago de los reemplazos que puede llegar a más de seis meses, sumado a la falta de implementación de los refuerzos necesarios, convierten a la situación en crítica, denunciaron los profesionales. “Responsabilizamos al Ministerio de Salud por esta situación. Es urgente un abordaje serio del colapso que está sufriendo la salud pública”, destacaron desde el sindicato que representa a miles de profesionales de la salud de la Provincia.
A nivel nacional el tema no está mejor. Los Combatientes de Malvinas tomaron simbólicamente el PAMI por la caída de prestaciones médicas que pagan. Además, la Central y el Gremio Odontológico Argentino reclamarán este viernes la reincorporación inmediata de la Delegada Provincial del GOA-CTAA, Norma Cáceres. Tras quince años de trabajar para PAMI y en medio de una negociación en el Ministerio de Trabajo de la Nación por condiciones de trabajo, la referente sindical fue despedida por la Directora de la UGL IX, Milva Sánchez. Por eso el viernes 11.30 horas convocan a un acto en San Lorenzo 926 donde el pasado lunes la respuesta fue instalar carros de Gendarmería Nacional.
Como un espiral donde todo forma parte, en este caso de un mismo camino pero descendientemente, esta semana se reunió el Consejo del Salario. Fue el mismo Día del Trabajador del Estado. El Gobierno Nacional pretende llevar recién en 2018 el salario mínimo a diez mil pesos. Esta suma no sólo no cubre la canasta básica elemental para no caer en la pobreza, según datos del propio INDEC. Esta suma desdibuja la definición del Salario Mínimo, Vital y Móvil que reconoce como derecho la Constitución Nacional en su Artículo 14 Bis y la Ley de Contrato de Trabajo en su Artículo 116, esto es, una suma que asegure a los trabajadores “alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”. Pero parece que a la Carta Magna y a las leyes que se desprenden de ellas tampoco les ha llegado su segundo semestre.Quizás por eso el ataque al derecho del trabajo, la justicia laboral, los abogados laboralistas y al elemental derecho de huelga, está en su cénit.
*Sofía Alberti, Comunicación CTAA
