En la jornada de ayer, vimos con estupor un video en el que un hombre se ahogaba bajo los pisotones de la policía de la ciudad de Buenos Aires, en el Obelisco, y moría. Lo primero que hay que decir es que nada justifica ninguna represión que se lleve la vida de nadie, sea quien sea. El Estado tiene los recursos legales, materiales y simbólicos para interceder en situaciones de conflicto para evitar su agravamiento, tanto en términos colectivos como individuales.
Lo segundo es que en el particular de ayer, Facundo Molares era parte de una manifestación pacífica junto a un puñado de personas que no desplegaban ninguna acción de entorpecimiento del tránsito vehicular, ni generaban hecho de violencia alguno.
Entonces, la intervención de la policía a cargo de Horacio Rodríguez Larreta en el momento de la desconcentración, es insólita. Detener a personas por manifestarse simplemente, es ilegal. Inmovilizarlas con maniobras de ahogamiento a quienes no se resisten, no está en ningún manual de procedimiento. Que alguien muera en esas circunstancias, es producto de las circunstancias. Las circunstancias son que la policía ejerció brutalidad ante un grupo en desconcentración y pisoteó manifestantes, generando no sólo a quien murió pérdida de aire.
Dicho esto, el tercer punto es muy importante para la coyuntura y lo que viene. Facundo Molares era un militante internacionalista. Estuvo en diversos conflictos populares en Latinoamérica, lo que lo llevó a estar largo tiempo detenido en Bolivia durante la dictadura de Jeanine Añez. Una dictadura a la que la entonces Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, envió armas. También estuvo en Colombia y, según relatan sus propios compañeros, intervino en las FARC.
Ahora bien, ni el poder judicial Argentino, ni la Constitución Nacional, ni una sala porteña, consideró eso un motivo de detención. Y si lo fuera, no justifica tampoco el asesinato. Porque Molares sobrevivió a las fuerzas paramilitares colombianas, a la cárcel de la dictadura boliviana, pero muere bajo las piernas de la policía de Larreta.
Entonces, de cara a discursos electorales que proponen abiertamente la represión de la protesta social, la criminalización de quienes pelean, y hasta la agresión estatal, decimos: el panorama económico venidero en la provincia y la nación va a mostrar un agravamiento de las condiciones de vida de la población. Eso siempre lleva a más protestas. Mañana en esas protestas habrá Molares, habrá López, habrá un González o un Del Bianco. Y estarán pidiendo comida, trabajo, educación pública. ¿Merecerán ser muertos? ¿Dónde dice eso? ¿Qué sistema legal lo avala? Compañeros, compañeras, es preciso pensar los discursos mediáticos y ubicarnos nosotros y nosotras como laburantes de cara a esas metodologías policiales.
No vamos a caer en la chicana barata de si nos pesa más un muerto que otro: en Rosario hicimos un paro regional contra las balaceras y las muertes, y nos movilizamos por todos/as los/as Maxi Jerez que se lleva el narco. Esperamos que todos los que vociferan contra Molares hayan estado en las marchas y les duelan también esas muertes de los pibes de las barriadas que denunciamos, como lamentamos los recientes asesinatos en la provincia de Buenos Aires y otras, que no se cuentan. Como lamentamos que después de 22 años Susana Trimarco llegue con pruebas a la conclusión que sectores gremiales de su provincia tuvieron el cuerpo de su hija hoy desaparecida, Marita Verón, y lo ocultaron, lo que constituye una aberración en todos los niveles.
Vamos a seguir reclamando justicia por Molares, el fin de la violencia en los territorios, el cese de la violencia estatal, movilizados, en unidad y con la certeza de que a la democracia hay que defenderla.
CTA Autónoma Rosario
