Entre el 18 y el 26 de octubre de 2022, el referente del Departamento de Ambiente y Bienes Comunes, Mauricio Cornaglia, participó en Ecuador de distintas instancias, además de visitar a comunidades en conflicto con iniciativas que atentan contra la naturaleza.
“Participamos del Tribunal Ético ‘Tiempos de Desastres’, invitados por la organización Acción Ecológica. Asistimos al IV Congreso de Ecología Política. Y visitamos tres territorios en conflicto por los avances de distintos tipos de proyectos extractivistas, entre ellas la Comunidad ancestral de La Toglla, Humedal “Las Garzas” y Comunidad del Chocó Andino”, detalló Cornaglia.
“En primer lugar, como balance, todos estos conflictos manifiestan un notable paralelismo con lo que ocurre en todos los países del sur del continente. Demuestran, como el capitalismo diseña sus planes, e intenta avanzar sin miramientos, violentando la naturaleza y todos los seres vivientes que conviven en ella y violando los derechos humanos de las personas que habitan estos territorios. Primeras y principales guardianas de estos ecosistemas tan vitales para la vida, toda”, analizó el también integrante de Paren de Fumigarnos.
Instancias de deliberación
El 18 de octubre de 2022 tuvo lugar el Tribunal ético Tiempo de Desastres, con testigos latinoamericanos que mostraron que no existen desastres naturales: son provocados por el ‘capitalismo del desastre’.
“En un contexto mundial de crisis climática y ambiental, y un deterioro de la naturaleza sin precedentes, los desastres se han incrementado de manera dramática, y al ser llamados desastres naturales ocultan acciones y omisiones de los Estados, así como la responsabilidad de las empresas”, denunció Mauricio.
“Durante el Tribunal se escucharon relatos sobre desbordamientos de ríos, deslaves, huracanes, incendios en territorios ancestrales, megasequía, erosión, terremoto. Desde Rosario llevamos el testimonio de lo que significan las quemas de los humedales del Delta del Paraná”, puntualizó.
Por su parte, el IV Congreso de Ecología Política se desarrolló los días 19, 20 y 21 de octubre. Organizado por el Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador, Instituto de Estudios Ecologistas, Acción Ecológica y el grupo de Ecología Política de CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales). Decenas de organizaciones y de profesionales socializaron sus experiencias e investigaciones, mostrando la relación que existe entre los conflictos socioambientales y los factores políticos, sociales y económicos.
La mirada desde las zonas de sacrificio
La Comunidad ancestral de La Toglla es parte del pueblo originario Kitu Kara. Está ubicada en la Parroquia de Guangopolo, Distrito Metropolitano de Quito (provincia de Pichincha). Allí se sufre el avance de proyectos inmobiliarios sobre territorios ancestrales, y la resistencia que ofrece parte de la comunidad que está decidida a no ceder y preservar estas tierras para la producción y el disfrute de toda la comunidad. “Como en todos los lugares, las empresas, con la complicidad de los gobiernos, provocan la ruptura de los lazos sociales. No podrían avanzar sin esta estrategia”, comentó Mauricio.
En el Humedal Las Garzas (Cantón Palenque, provincia de Los Ríos), una empresa adquirió alrededor de 160 hectáreas para la instalación de una bananera. Como primera acción, y para poder establecerse, abrió un canal por el cual se está drenando (literalmente) el humedal Las Garzas. En consecuencia, cultivos de maíz y cacao se están secando, el ganado se está quedando sin agua para beber, y diversas especies tuvieron que migrar por ausencia de la misma.
“Por la afectación a sus producciones, familias enteras y cientos de trabajadores y trabajadoras tienen que recurrir a otros métodos para obtener los alimentos necesarios para su consumo, y se está resintiendo su estructura de comercialización de productos por ellas elaborados. Por otro lado, están teniendo que asumir importantes costos para compensar los daños (por ejemplo, conseguir agua para sus animales). La zona está perdiendo su biodiversidad. Se están secando cultivos como el maíz y el cacao. El ganado no encuentra suficiente agua para beber. Ejemplares como el Canclón (entre otras), ave que habita esta región, están siendo afectadas, y se encuentran en riesgo, desde la intervención de la empresa”, relató el referente del Departamento de Ambiente y Bienes Comunes.
En el caso de la Comunidad del Chocó Andino (provincia de Pichincha), en 2018, el territorio obtuvo la declaratoria de Reserva de Biósfera por parte de la UNESCO (7ª de Ecuador). Se trata de aproximadamente 287.000 hectáreas, 60 % bosque andino, páramos, ecosistemas arbustivos.
Dentro de este extenso territorio, 6 parroquias (Calacalí, Nono, Nanegalito, Gualea, Pacto, Nanegal) integran La Mancomunidad del Chocó Andino. Comprendiendo 125 mil hectáreas. En la misma existen 12 proyectos mineros concesionados por el gobierno nacional (17 mil hectáreas), y 7 más en carpeta. Si prosperan se llegaría a 25 mil afectadas directamente.
Estos bosques concentran 1655 géneros de plantas. Son el refugio de 1 de las 8 especies de osos que existen en el planeta, el Oso Andino (de anteojos), especie que, en el Ecuador, está en peligro de extinción. La zona es proveedora de buena parte de los alimentos que consume la población de Quito.
“Las comunidades están notablemente organizadas y resistiendo. Entre otras cosas, impulsando una consulta popular para que la población urbana y rural de Quito decida si quiere minería o no”, resaltó Cornaglia.
“Es muy importante destacar el compromiso, la sensibilidad y la firmeza de las comunidades, decididas a defender esas tierras “sagradas”. Las que les proveen los alimentos, de la que extraen como mucho respeto y cuidado el agua para riego, para sus animales y para consumo personal. Las tierras donde nacieron y donde parieron a sus hijas/os. Las que aprendieron a respetar y querer gracias a las enseñanzas de sus abuelas/os. Las tierras donde desarrollan sus vidas, las que les dan sus verdaderas identidades”, dijo el referente ctaista.
Consultado por la importancia de que una Central de Trabajadorxs participe de estas instancias, consideró que “quienes más padecen y padecerán los impactos de estos atropellos, son las “trabajadoras y trabajadores”. Las y los que todos los días destinan muchas horas a la producción, por lo general mal pagos/as. Y que además se ven en la obligación de encontrarse con otras y otros para organizarse y enfrentar a quienes pretenden saquear sus tierras”.
Comunicación CTAA Rosario
