Por Comunicación CTAA* | En la tarde de ayer se realizó una marcha en solidaridad con los 25 despedidos y despedidas de Electrolux, a la par de que se conociera la definición judicial de desestimar las denuncias penales contra los cesanteados. En la mañana de este miércoles, una patota de la Unión Obrera Metalúrgica intentó amedrentar a quienes sostienen el acampe frente a la planta. Desde la CTAA se expresó total solidaridad, se exigió el cese a la criminalización de la protesta, la anulación de la hostilidad gremial y la reincorporación inmediata de los despedidos.

“La UOM está montando una provocación contra sus propios afiliados despedidos, tratando de echarlos del acampe en el que defienden sus puestos. Con métodos hostiles, como grupos de choque, quieren resolver con la fuerza e ilegalmente lo que el juez determinó que es un problema LABORAL. Basta. Pedimos que nos acompañen. La UOM tiene que representar a los trabajadores. No a la empresa. El viernes hay audiencia y pediremos la reincorporación”, detallaron los despedidos de Electrolux que acampan desde el 29 de abril en la planta de Batlle y Ordóñez al 3400.

“Agotada la línea legal, abierta la ministerial, el sindicato ataca a los despedidos y despedidas. Se replican mecanismos nefastos de construcción gremial para no hacer frente a los verdaderos enemigos y operar en defensa de las patronales. Desde la CTAA nos solidarizamos con los despedidos y despedidas de Electrolux, que tras ganar una batalla en el poder judicial, ahora deben confrontar contra el gremio que debería representarlos”, expresaron desde la CTA Autónoma Rosario.

El conflicto en la fábrica del sudoeste rosarino evidenció nuevamente la profunda trama que se esconde detrás de los despidos. Primero, la pata sindical, con la UOM suscribiendo un acuerdo con la empresa para futuros despidos el día que fue cesanteada esta última tanda de trabajadores, que acumulan cien en lo que va del año.

Luego, la pata judicial y policial: la Policía de Investigaciones (PDI) intervino en el acampe y requisó a quienes acampan por sus puestos laborales. En idas y vueltas de audiencias y desestimaciones, la misma PDI ingresó a una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Provincia a notificar a trabajadores de las imputaciones. Lo que revistió un escándalo institucional y político.

Posteriormente, se filtró un audio de una conversación mantenida por una fiscal que tiene historial en criminalizar la protesta social: Valeria Haurigot. La controvertida funcionaria que imputó a 14 obreros por «sabotaje y usurpación por turbación», ya había intervenido en otros dos conflictos gremiales. En 2018 había acusado a delegados gastronómicos en el marco del Paro Nacional y posteriormente a un grupo de recolectores de residuos por una protesta sectorial. En dicha conversación, la fiscal instruye a un jefe de la empresa y su abogado de cómo proceder para reprimir a los trabajadores.

Y finalmente, ante la sentencia del juez Hernán Postma, que si bien aceptó la imputación por “sabotaje y usurpación por turbación”, no hizo lugar al pedido de mover a los empleados del predio hasta que finalice el conflicto laboral en el Ministerio de Trabajo, la pata sindical volvió a accionar. En esta ocasión intentando amedrentar en el acampe y aduciendo, como en otros conflictos, el derecho a trabajar de quienes no están despedidos y corriéndose de la representación de los intereses de los cesanteados.

Marcha y solidaridades

En la tarde del martes, la CTA Autónoma junto a un amplio arco de organizaciones solidarias, expresó su abrazo y apoyo a los trabajadores. La movilización recorrió desde Plaza 25 de Mayo hacia Plaza San Martín. “Fueron días largos y tensos. Hoy fue un paso más, porque logramos correr el eje de lo penal, lo nuestro es laboral, lo volvió a decir el juez. No somos criminales, somos trabajadores que queremos recuperar nuestro puesto de trabajo. La lucha se termina cuando estemos adentro”, dijo Lucas Tondo, uno de los despedidos.

“Sentimos mucho orgullo por esta pequeña gran victoria (en referencia a la definición de Postma). No es un triunfo sólo de los trabajadores de Electrolux, es un triunfo de todos los trabajadores que ocupan las fábricas, de trabajadores y movimientos sociales que cortan las calles y de aquellos que tienen que realizar un piquete por un plato de comida o que les paguen lo que les corresponde. Es un ejemplo, una lucha contra la criminalización de la protesta y volver a ubicar el conflicto donde tiene que estar. Tiene que ver con una relación laboral y una lucha contra la santa trinidad: la patronal, el Estado y direcciones sindicales que le dan la espalda a los trabajadores. Por suerte hay trabajadores, comisiones internas, organismos, que están de la trinchera del lado que tienen que estar. Este caso dejó en evidencia además a un sector del poder judicial que expresa la podredumbre institucional que atraviesa en todo el país”, definió el Secretario General de la CTAA Rosario, Gustavo Terés en su discurso en el acto.

“Habrá muchas luchas, debemos estar unidos en esta crisis para defender cada uno de nuestros derechos contra la dictadura del capital. Es el mejor homenaje que podemos hacer a 50 años del Rosariazo, seguir estando como hicimos el 1º de mayo en las puertas de la fábrica”, dijo el dirigente de la Central.

Comunicación CTAA – Fotos: Sofía Alberti

Entrevista con Tondo y su abogada, Celina Tidoni

Intervención de Gustavo Terés