Por Gustavo Terés y Damián Guerra* | Lxs trabajadorxs de la educación estamos transitando diez meses de pandemia, como el conjunto de la población. Como todos, también, hemos tenido que adecuar nuestro trabajo al contexto sanitario y, a pesar de las múltiples manifestaciones de resistencia, hemos visto degradados nuestros derechos, entre ellos el acceso y continuidad del empleo, la caída del salario real, la superposición de los espacios y tiempos de trabajo y de vida.

Como dijimos, atravesamos situaciones comunes al conjunto de la clase trabajadora y, a su vez, hemos tenido que enfrentar los avatares de la conducción política del estado, del gobierno nacional y provincial en primera medida, y de gran parte de la dirigencia política que ha sido corresponsable de la sanción de leyes, decretos y reglamentaciones que redundaron en ajustes y vulneración de derechos para lxs trabajadores y estudiantes

Nada nos separa ni debe separar de lo que el común del pueblo está transitando, no tenemos privilegios ni pretendemos tenerlos. El desgranamiento y la atomización de la clase trabajadora solo atenta contra nuestros intereses comunes, no debemos permitir que nuestros empleadores (el estado o los privados) acumulen poder en nuestra fragmentación.

La educación como producto propagandístico.

La docencia santafesina ha asistido este año al encuentro entre decisiones políticas de ajuste y vulneración derechos con abierta indiferencia, falta de empatía y desconocimiento del funcionamiento orgánico y efectivo del sistema educativo. A eso debemos sumar una deliberada política de comunicación informal de las resoluciones ministeriales a través de los medios de comunicación.

Así, mientras transitamos la pandemia, el gobierno aprovechó para recortar derechos y para construir imágenes falsas de lo que efectivamente sucedía con la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. La circulación masiva de la fotografía de la única escuela rosarina que decidió acatar la vuelta a la presencialidad en fin de año es un ejemplo de la intención de manipulación de la opinión pública a partir de la distorsión de los hechos; mientras los funcionarios daban conferencias de prensa, las escuelas que los rodeaban permanecían cerradas y de paro.

No aceptamos que nos metan en una falsa grieta.

El estado y los acólitos de siempre han intentado sistemáticamente ubicar a la docencia santafesina en una suerte de grieta donde nosotros, docentes y asistentes escolares, estaríamos en contra de volver a las aulas, a nuestros puestos de trabajo.

Esas falsas grietas no son más que especulaciones de un gobierno que evalúa la política pública a partir de los “likes” y la imagen de encuestas. Muy lejos están esas encerronas de las necesidades de la comunidad. No se trata de “presencialidad sí, o presencialidad no”, sino de construir mancomunadamente un retorno a las escuelas que resulte seguro para familias y trabajadrxs, con el acuerdo y seguimiento de sanitaristas, sindicatos y comunidad educativa para asegurar los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema. Como sostenemos desde el comienzo de la pandemia: “cuidamos nuestras vidas, defendemos nuestros derechos y organizamos la solidaridad”.

Las vacunas son solo una fracción de respuesta al problema.

El estado afirma que docentes y asistentes escolares estaríamos vacunadxs para el inicio de clases que sería en formato bimodal presencial-virtual. Desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-A) de Rosario estamos convencidxs que la vacunación es un gran instrumento de prevención e inmunización comunitaria, y apostamos a que se realice cuanto antes. Creemos, no obstante, que en lo inmediato no resolverá la problemática en su totalidad. Los títulos y frases rimbombantes tienen fecha de vencimiento si no se actúa seria e integralmente con cronogramas precisos, pautas claras y presupuestos acordes. Quienes trabajamos en el sistema educativo debemos tener conocimiento del programa del gobierno para poder planificar y diagramar nuestro trabajo.

Insistimos, las escuelas no son solo maestrxs o profesorxs en sus puestos de trabajo, no se trata de una puesta a punto de la producción. Docentes y asistentes escolares desarrollamos nuestra tarea junto a otrxs sujetos y vinculados a otras instituciones; vecinos, proveedores, familias, personal de mantenimiento edilicio, centros de salud, clubes, asistencia médica de urgencias, fotocopiadoras, transporte urbano de pasajeros, etc., hacen a la vida escolar. No somos una isla sino un centro de anudamiento de la vida en comunidad.

Si durante los últimos diez meses el gobierno no ha resuelto temas estructurales de muchas escuelas con problemas pre-pandemia; si durante diez meses no ha intentado resolver la conectividad para vastos sectores de la población que no contaban con los materiales, servicios y soportes necesarios para la virtualidad; si durante diez meses solo ha gastado energía en fraccionar y debilitar a la docencia a través de decisiones  ambiguas y contradictorias, informales e incongruentes; cómo podemos creer amablemente que en algo más de un mes se darán respuesta a todas las demandas del sistema.

Necesitamos asegurar los medios de cuidado y bioseguridad, construir protocolos completos y funcionales, normativizar de manera contundente y sin ambigüedades aspectos del sistema que están condicionados por el contexto de excepcionalidad, garantizar los puestos de trabajo necesarios para las tareas de sanitización de los espacios escolares y para el funcionamiento efectivo del sistema bimodal (presencial-virtual a la vez), regularizar la obra social respecto a autorizaciones de medicamentos y estudios clínicos, de alta complejidad y, específicamente, de Covid (detección y anticuerpos, etc.).

La educación pública es un derecho de los niños, niñas y jóvenes.

Creemos que la degradación de la institución democrática es consecuencia de abono permanente que hace la propia casta política. Cuando todo es reducido a una imagen artificialmente construida y realmente inexistente, se redunda luego en un aumento continuo de desconfianza e indiferencia por parte del pueblo sobre la cosa pública. La educación es un derecho y el orden democrático exige su defensa integral.

Solicitamos entonces la convocatoria inmediata a una mesa de trabajo que aborde la problemática vigente, urgente oficialización de canales de comunicación e información, atención de las necesidades efectivas del sistema considerando contexto, niveles y modalidades, y presupuesto acorde a las necesidades urgentes y extraordinarias que el contexto requiere, entre otras.

Lxs trabajadorxs de la educación hemos estado siempre convencidos del rol social de nuestra tarea y conscientes, a su vez, de que se nos ha golpeado más que reconocido. Así mismo, somos maestrxs y profesorxs que elegimos la docencia cada día, que trabajamos comprometidamente por la educación pública aunque sin apostolados. No somos ingenuxs ni sumisxs.

Volver a las escuelas, a la presencialidad, implica garantizar una vuelta responsable y segura para todos y todas. Siempre estuvimos, estamos y estaremos a la altura de las exigencias de nuestro tiempo, esperamos que los gobiernos recapaciten y hagan lo suyo, la educación no puede someterse a la imagen o una agenda electoral.

* Gustavo Terés, Secretario General de la CTAA y Amsafe Rosario y Damián Guerra, militante de Amsafe y CTAA Rosario