Por ATE Rosario* | Trabajadores del organismo se presentaron ante la fiscalía federal para sumarse a la denuncia por los movimientos fantasma de soja paraguaya en puertos de la región en 2016. Reclamaron la urgente devolución del puesto al profesional que denunció irregularidades. Y advirtieron: es necesario romper con las normativas del gobierno anterior para no perder soberanía.
Norberto Bardey fue “uno de los tantos desplazados y trasladados por realizar la tarea de control que le correspondían como parte de su función diaria”, denunciaron desde la Junta Interna ATE SENASA. Por eso, este 27 de octubre, se presentó como querellante en la Fiscalía Federal Nº3 de Rosario dentro de la causa “N.N. S/INVESTIGACION POR DENUNCIA DE DIPUTADO CARLOS DEL FRADE POR USURPACIÓN DE AUTORIDAD” Expte. FRO 28859/2017.
Desde ATE Rosario, ratificaron su exigencia de reincorporación del trabajador, de investigación inmediata de todas las cuestiones denunciadas por quienes se desempeñan en el organismo y la reasignación de tareas fundamentales al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
La trama tuvo su desencadenante en 2016. La página oficial del SENASA indicaba que durante “el primer cuatrimestre del año, los profesionales del Centro Regional Santa Fe Sur del SENASA inspeccionaron y certificaron 212.488 toneladas de soja de origen paraguayo, en las terminales portuarias de San Lorenzo, General San Martín y General Lagos”.
El problema, es que parte de esa carga se importó a un puerto inactivo de Dreyfus en General Lagos y el personal negó esas inspecciones. Se estaba entonces, o bien ante un evento metafísico, o delictivo: no estuvo la soja, o no apareció la plata. Lo que abrió la posible revelación de una operatoria de mentiras, basada en información sobre importaciones y exportaciones, cuyas únicas beneficiarias serían las multinacionales. “Además de una serie de preguntas sobre lo que realmente entra y lo que realmente sale en los puertos de la región», denunció el Diputado Carlos Del Frade.
Cristian Cunha (der) junto a Macri
Una vez más fue la voz de los trabajadores del organismo la que alumbró el desfalco. Norberto Bardey, quien se desempeñaba hace más de 30 años en Villa Constitución, como Coordinador del Puerto, le solicitó un informe a Cristian Cunha, el entonces titular del organismo estatal y hoy presidente del PRO santafesino. Es que lo afirmado en la página oficial de SENASA, no se condecía con sus registros. La respuesta fue su traslado por “razones de servicio” a una ‘lejana oficina inexistente’.
Eso significó no sólo una inadmisible represalia laboral, sino la baja de facto de su salario. Se eliminaron en sus liquidaciones mensuales el cobro de viáticos y el cobro de servicios requeridos, además de incrementarse el gasto en transporte. “Un verdadero abuso de derecho que debería interpretarse como una situación de despido indirecto, en otras circunstancias, o como una presión para abandonar el servicio”, expresó Bardey en una de sus tantas presentaciones.
Vale mencionar que mientras a nivel regional hay una quincena de personas cesanteadas en el organismo durante el macrismo, a nivel nacional el número asciende a 300. Como sector declarado esencial, con casos de aislamiento y licencias especiales, “en este momento de pandemia especialmente sería necesaria la reincorporación para cubrir puestos”, indicaron desde la Junta Interna.
Momento de torcer la historia
Como parte de una tarea de largo aliento, la organización gremial insistió en que “le devuelvan al Senasa las tareas de control sobre harinas y aceites que se exportan al exterior, como así también sobre el control de los residuos provenientes de los buques que ingresan al territorio nacional”. Recordaron que éstas les fueron “arrebatadas por la nefasta gestión anterior en favor de las agroexportadoras”.
Por eso, en una carta remitida el 3 de agosto del corriente al Director del Centro Regional Santa Fe, Victor Di Pascuale, los Peritos Clasificadores de Granos, Oleaginosas, y Subproductos, de las oficinas de San Lorenzo, Rosario y Villa Constitución del SENASA interpelaron: “¿Cómo un gobierno con las características y raigambre del nacido en Noviembre de 2019, siga impulsando y profundizando resoluciones como la N° 693/2017, la cual se presenta como parcial y arbitraria?”.
Dicha disposición fue gestada “durante la peor conducción de la historia del SENASA, la cual se destacó por la falta de apego a los procedimientos públicos, con la clara intención de favorecer los intereses de Exportadores, Fletadores de buques y Agencias Marítimas, en desmedro del Control del Estado (SENASA)”. Se basó en el falso argumento de “optimización de costos” y buscó poner en manos privadas los controles y/o barreras sanitarias generando un ‘agujero sanitario’. Las empresas, así, se supervisarían ‘a sí mismas’ abonando a la eliminación y debilitamiento del rol de contralor estatal.
Asimismo,indicaron, se aprovechó esto para dejar cesantes a cientos de trabajadores y llegando, en algunos casos, al extremo de poner en estos lugares a personal jerárquico de las mismas empresas que iban a ser controladas, rozando la incompatibilidad de estos funcionarios, tal como fue denunciado oportunamente por los trabajadores, y el Diputado Del Frade.
Como ‘frutilla del postre’, no sólo el SENASA debía dictar los cursos a los nuevos inspectores privados, sino que la inspección que ellos realizarían sería sólo cuando el exportador solicitase este control. Si no hubiera tal requerimiento, las cargas quedarían fuera de la mirada del Estado, sin ser verificados los requisitos propios de las barreras sanitarias. Algo que, por si faltara algo, también perjudicó el ingreso de recursos por aranceles que pasaron sin más a las cuentas privadas.
Pese al desguace persistente, desde la Junta Interna aseguraron que “es un orgullo pertenecer al SENASA, vamos a seguir insistiendo y perseverando en nuestros reclamos para volver a estar en el centro de la escena en el control de productos, subproductos y alimentos, así como también creemos que es indispensable cuidar del principal recurso que tiene el Estado que son los trabajadores”.
Referentes sindicales, políticos y sociales, locales y nacionales, ente ellos Rodolfo Aguiar de ATE y Sonia Alesso de CTERA, exigieron en conferencia de prensa el