Por María Fernanda Boriotti*
Ríos de tinta han corrido en los periódicos y los portales hablando de los aumentos en la medicina prepaga. El conglomerado de empresas del sector (poco más de seiscientas) brinda cobertura a 5 millones de argentinos, el 10% de la población. El 90% de los argentinos no tiene prepaga. Más de veinte millones tiene cobertura pública exclusiva (CPE) en los 1700 hospitales y 6000 unidades sanitarias. El 70% de los usuarios del sistema público son pobres. Y no solo tienen CPE, muchos tienen cobertura de la seguridad social. Este sistema público estatal viene creciendo en productividad, pese a su crónica crisis de financiamiento. En 2013 se realizaron 110 millones de consultas ambulatorias. En 2019, llegó a los 150 millones. Ni hablemos de la pandemia.
El 80% de la financiación del sistema público está a cargo de las provincias y los municipios (65% y 15%, respectivamente). Por lo tanto, el efecto de la restricción de los recursos coparticipables será devastador. Pero aún hay más. El 20% que aporta el Ministerio de Salud de la Nación tendrá, según los anuncios del gobierno, el presupuesto congelado en los niveles de 2023. Es decir, devaluados en un 140%. Esto afecta a los programas de vacunación, salud reproductiva, SIDA, tuberculosis, oncológicos y otros. Previsiblemente, el descreme programado de la cartera de las obras sociales, junto a la caída del salario real, impactará de lleno en el nivel prestacional de la seguridad social, lo que significará que la rueda de auxilio, que siempre fue el sector público, deberá funcionar al doble. Sin recursos.
En otras palabras, Belocopitt y Fraomeni absorberán a los usuarios de salarios altos y deglutirán a las prepagas pequeñas, concentrando aún más el mercado. Roemmers y Bagó se llenarán los bolsillos con los precios liberados. El complejo médico industrial financiador y prestador será el gran ganador. Los usuarios del sector público, la mayoría de los trabajadores en blanco de ingresos medios y bajos y los jubilados, serán los perdedores. Y, por supuesto, el medio millón de trabajadores de la salud pública, a los que el nuevo monarca pretende arrancar el derecho de huelga, violando el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Estas son las condiciones de un plan que cristaliza una salud rica para pocos y una salud totalmente pobre para el 90% de los argentinos. ¿Vamos a permitirlo?
María Fernanda Boriotti, secretaria general del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad de Santa Fe (Siprus), presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) y secretaria gremial de la CTAA Rosario.
