Reclaman el cierre del procedimiento que, en octubre de 2024, provocó la violenta detención de un grupo de sindicalistas.

Román bajó las escaleras para ver qué pasaba. Antes había preparado la mamadera para su hijo y se había metido a la ducha. Los estruendos en la puerta de su casa lo encontraron apenas tapado con una toalla. En el barrio Casiano Casas los gritos, las corridas, los ruidos de disparos o las persecuciones policiales formaban parte del paisaje; pensó que era una más de esas escenas que estaba acostumbrado a ver. Por eso, cuando los policías encapuchados abrieron la puerta a la fuerza y le apuntaron con armas largas, solo atinó a decir que se confundían. Soy docente, dijo. Y corrió escaleras arriba, desobedeciendo la orden de tirarse al piso, porque ahora el estruendo venía de la habitación de su hijo. Dice que nunca lo había escuchado llorar así, con el grito acongojado y la respiración entrecortada. Unos días después el pediatra la iba a explicar en detalle lo que era una crisis de llanto.

Bastante parecido a lo que intuyó Franco, cuando escuchó un ruido extraño que venía desde la calle. Se estaba preparando el café que toma todas las mañanas, antes de partir a dar clases. Medio dormido, creyó que podían estar robando a algún vecino, que reclamaba ayuda. Salió al pasillo y se sorprendió de ver a la policía golpeando la puerta de su casa con una suerte de ariete. Les dijo que se la iban a romper, que les abría. Lo tiraron al suelo y adentro de su casa revolvieron todo. Separaron pecheras, volantes y afiches de Amsafé. Era lo que buscaban.

Román González y Franco Casasola son docentes y delegados de Amsafé, el gremio que nuclea a los docentes públicos de la provincia. El 16 de octubre se cumplió un año de que la policía provincial irrumpió de forma violenta en sus casas con la intención de detenerlos. Fueron trasladados primero a la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rosario y luego a la ciudad de Santa Fe, donde pasaron la noche en una celda de la cárcel de Las Flores. El motivo: su presunta participación en los incidentes frente a la Legislatura santafesina un mes antes, mientras la Cámara de Diputados aprobaba la reforma previsional.

Junto a ellos fueron detenidos otras tres personas con participación gremial: Diego del Castillo, también delegado de Amsafé; Mauro Corna, dirigente de Festram; y Maximiliano Molina que, además de formar parte de la Federación Nacional Territorial (Fenat) y la CTA Autónoma de Rosario, es hermano de Lorena Almirón, secretaria general de ATE Rosario. Al listado se suma Daniel Vázquez, un trabajador estatal del área de Niñez, que al momento de la detención había sido recientemente despedido de su trabajo. Vázquez no fue detenido, porque no lo encontraron en su domicilio. Se presentó por propia voluntad en la audiencia inmutativa, al enterarse que había un pedido de detención contra su persona. A los seis les imputaron el mismo delito: daño agravado y perturbación de una sesión legislativa.

Luego de pasar la noche en la cárcel, los dirigentes fueron liberados. Afuera aguardaban los gremios, junto a familiares y amigos. En Rosario, el día de las detenciones los sindicatos dispusieron un cese de tareas y concentraron en plaza San Martín, para visibilizar la situación. Las organizaciones estudiantiles también movilizaron para reclamar su liberación. En las escuelas donde trabajaban los docentes, algunos profesores levantaron las clases. Los alumnos realizaron asambleas en solidaridad con lo sucedido.

Un año después, la causa sigue abierta. Hoy los imputados deben cumplir con una serie de requisitos, como el de presentarse todos los meses en el Centro de Justicia Penal y permanecer alejados de la Legislatura provincial. La defensa, a cargo del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) reclama la nulidad de la causa penal, argumentando que se trata de un conflicto laboral. Para los dirigentes involucrados no hay duda: fue un hecho de disciplinamiento a los gremios, criminalizando la protesta social.

Detención

“Lo que me acuerdo de ese momento es la desesperación por mi hijo, que no paraba de llorar. Lo que me salió fue correr hasta la pieza a buscarlo. Los policías subieron atrás mío y yo quedé de espaldas, gritándoles que estaba con un bebé. En un momento apareció mi mamá y le dieron el bebé a ella. Ahí me empiezan a pegar en el piso. Al día de hoy me duele mirar para la derecha, creo que fue por un culatazo”, rememoró González, en diálogo con Rosario/12. Trabaja en la escuela 569 “Carlos Fuentealba”, en el barrio Santa Lucía de la zona oeste de Rosario. También da clases en zona norte, en Tablada y en Fray Luis Beltrán.

Tirado en el piso, con las manos precintadas en la espalda, a Román le leyeron los motivos de su detención. También escuchaba lo que hablaban entre policías: “Yo les decía que era docente, porque me empezaron a dar vuelta toda la casa. Escucho que buscaban cosas de Amsafé y en mi casa obviamente había un montón, porque suelo llevar a las marchas. Había banderas, pancartas, afiches. Todo eso lo empiezan a acomodar en el suelo como para una foto. Lo que no me olvido más es que entre esas cosas también había un cartel que conmemoraba a los 30 mil desaparecidos. Ese lo pusieron bien en el centro. La foto circuló por algunos medios”.

Los dirigentes quedaron detenidos en una celda pequeña, donde había unas 15 personas. “En medio de todo el desconcierto, ahí tuvimos la primera muestra de solidaridad. Fueron los presos comunes, que eran todos pibitos. Eran chicos que contaban las mismas historias de vida que mis alumnos de Santa Lucía”, expresó y agregó: “Era un lugar muy feo, sin baño, donde estábamos todos hacinados. Después de todo el verdugueo que nos comimos, los primeros que nos trataron bien fueron los internos, que no podían creer que éramos docentes y lo que nos estaba pasando”.

Causa política

Para Franco Casasola, la causa tiene “cosas tremendas” como el pedido a la empresa Meta –la dueña de Facebook, Instagram o Whatsapp– para acceder a las redes sociales de los gremios involucrados. “Es una alerta muy grande y es importante que todos los sindicatos se pronuncien fuerte con esto, que puede sentar un precedente muy peligroso para las libertades de acción sindical”, explicó en diálogo con Rosario/12. “Estamos en una etapa donde hay muchas irregularidades del accionar de la Justicia. Los delitos nos acusan son causas menores”, añadió.

El dirigente trabaja como docente en la escuela Gurruchaga y el Normal 3. Además, encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FIT-U), por la provincia de Santa Fe. Para el profesor de historia se trata de “una causa política” que busca atemorizar a la docencia. “Buscan que los docentes agachemos la cabeza y aceptemos que se pasen por alto derechos mínimos, como las paritarias”, cuestionó y agregó: “Ese día en la plaza había miles de personas que estábamos protestando. Agarraron a uno de cada gremio para que sea representativo de los distintos sectores. Hay una búsqueda de criminalizar la protesta en la misma línea que el gobierno nacional”.

La causa

Para la abogada Gabriela Durruty, la causa viola numerosas garantías constitucionales que son basales del sistema penal argentino. Por eso, junto a un equipo de abogadas de la Ceprodh y la Apdh, decidieron asumir la defensa de cinco de los seis dirigentes gremiales acusados. La acompañan las abogadas Julia Giordano y Celina Tidoni. “Es la primera vez que ocurre algo así desde la recuperación de la democracia”, evaluó en diálogo con Rosario/12. 

“Es una causa que empezó aplicando la cara más feroz del Estado, cuando eso debe ser una última opción. Es una barbaridad. No podés detener a una persona si no acreditás, mínimamente, que esa persona reviste algún tipo de peligrosidad procesal. Es decir, que están en condiciones de fugarse o de desbaratar la prueba. Ninguna de estas situaciones se cumplía en estos casos”, explicó.

A su vez, desde la defensa cuestionaron la “parcialidad” de la jueza que instruyó en la audiencia imputativa. “En un principio la jueza manifestaba no conocer la causa, pero cuando podemos acceder al legajo vemos que había ordenado, con anterioridad a las detenciones, que se intervengan las redes sociales de los gremios a la que pertenecían los detenidos”, criticó y añadió: “En una decisión cuestionable por dos lugares. Primero, porque ya había tomado posición respecto a la investigación. Y segundo, porque había ordenado intervenir en las redes incluyendo los mensajes privados de los dirigentes gremiales con sus afiliados, cosa que reviste una gravedad inusitada en una investigación penal, violando el derecho al secreto gremial”.

Por un conjunto de situaciones, desde la defensa plantean la nulidad de la causa. Ese pedido hoy está en la Corte Suprema de Justicia, que debe expedirse sobre la queja impulsada por las abogadas. Pese a eso, la Fiscalía sigue exigiendo que los imputados se presenten a una audiencia para resolver a qué información podrán acceder una vez que se abran los teléfonos. Por este tema se suspendieron ya tres audiencias. La última, la semana pasada.

“Es algo que no se puede limitar técnicamente. Una vez que se abren los teléfonos se accede a toda la información. Lo que hace el Tribunal es decir qué pedacito se puede usar en la causa. Lo que nosotros decimos es que esa audiencia no se puede hacer hasta tanto la Corte no resuelva estas cuestiones de fondo. Eso nos valió un pedido de la fiscal para que nos presentemos, con la amenaza de separarnos de la defensa y denunciarnos ante el tribunal de ética del Colegio de Abogados. En realidad no es que no nos presentamos, sino que recurrimos las decisiones porque entendemos que no corresponde”, sostuvo.

Por último, Durruty insistió con el pedido para que se “anule el dislate jurídico” en el que se convirtió la investigación: “Nosotros creemos que estamos ante un conflicto claramente laboral y que no tiene nada que hacer la Justicia penal. Aun cuando están planteando que se rompió una puerta, estamos ante distintas jerarquías de valores. El derecho a la protesta tiene una jerarquía muy superior a la producción de un daño. Tendría que desestimarse la causa y la Justicia dar un mensaje claro al poder político de que el derecho penal no está pensado para estas situaciones. Discutir si el ejercicio del derecho a la protesta puede constituir un problema penal es un retroceso muy serio”. 

FUENTE: Página 12 https://www.pagina12.com.ar/867044-para-disciplinar-a-quienes-luchan