Por Sofía Alberti* | Durante el 19 y 20 de diciembre se cumplen 16 años de la rebelión popular y la masacre que dejó 39 muertos en todo el país y la declinación del Presidente Fernando De La Rúa por la enorme expresión popular. Hoy, martes 19 de diciembre en Rosario a las 17:30 horas habrá una movilización desde Plaza Montenegro a Plaza San Martín.
Martín. 
Esa bisagra histórica generó efectos profundos en diferentes aspectos: el fin de la convertibilidad en el marco de una profunda crisis de empleo y crecientes índices de pobreza y endeudamiento; la certeza de “que se vayan todos” era parte de la solución; la proliferación de asambleas populares en barrios, facultades, lugares de trabajo; la consolidación de un espacio de empresas recuperadas y el movimiento de desocupados y desocupadas; y una profunda impunidad que fue el pilar para que las bases estructurales de aquel sistema económico, político y social que nos había llevado a la crisis, se reinventara, reordenara el esquema de poder y se recompusiera el ciclo capitalista.
Sobre el rol de las organizaciones populares, la pelea por justicia para los asesinados que fueron 9 en la provincia de Santa Fe por entonces gobernada por el hoy Senador Carlos Alberto Reutemann y los desafíos ante una nueva avanzada neoliberal, hablamos con Celeste Lepratti, actual concejala de Rosario y hermana de Claudio ‘Pocho’ Lepratti, militante social asesinado en el sur de Rosario; y con Milagros Demiryi, integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Santa Fe y querellante en la causa por el crimen hídrico de 2003 en esa ciudad.
Lepratti y familiares. Foto: Sofía Alberti
Memoria para obtener justicia
Como reitera en cada entrevista, Celeste conoció a ‘Pocho’ en Rosario, cuando vino a reclamar justicia por el asesinato de Claudio, que para la pibada de Barrio Ludueña y Las Flores era más que un seminarista entrerriano. Era un flaco despeinado, soñador de felicidades cotidianas que realizaba dándole a los y las jóvenes espacios de encuentro y formación, un militante que también se afilió a la ATE y CTA para pelear en su lugar de trabajo.
Pocho Lepratti. Imagen: archivo
Pocho se había instalado en Ludueña en una precaria vivienda, en la zona donde el Padre Edgardo Montaldo había multiplicado la organización barrial. Bicicleteaba toda la ciudad para militar y laburar. El 19 de diciembre de 2001 en el marco de una proliferación de luchas en las calles, la policía salió a cazar gente en los barrios. Los pibes estaban comiendo y subió al techo de la Escuela de Barrio Las Flores donde era Asistente Escolar y gritó “¡no tiren hijos de puta que hay pibes comiendo!”. La bala del policía Esteban Velázquez fue certera: atravesó su garganta y calló su voz multiplicando su mensaje que hasta se hizo canción.
Familiares. Foto: Sofía Alberti
La historia se repitió en ocho casos más en todo el territorio provincial. Rubén Pereyra, Yanina García, Juan Delgado, Pocho Lepratti, Graciela Acosta, Ricardo Villalba, Gaciela Machado, Walter Campos y Marcelo Pasini, también fueron asesinados en esas jornadas.
“Las políticas neoliberales de hoy profundizan un montón de cosas que parecen repetirse porque los patrones comunes se han mantenido: las garantías de impunidad hacia quienes representan determinados sectores, que no fueron alcanzados ni en dictadura ni después, cuando se reciclaron en estos años de democracia en los que también cometieron crímenes contra el pueblo. Hay que recordar a Reutemann, al ministro de Gobierno Enrique Alvarez y el ex secretario de Seguridad Lorenzo Domínguez”, aseguró Celeste.
En estos años el actual Senador Reutemann no fue siquiera citado para declarar, no hubo responsables políticos juzgados y sólo dos policías pagaron por ser los tiradores que acabaron con la vida de dos personas y hoy ya gozan de libertad. “Alguien les dio la orden y nadie rindió cuentas y, por el contrario, con el tiempo estas personas fueron premiadas por su accionar ascendiendo a cargos de mayor jerarquía, algunos pasaron de provincia a nación”, denunció la concejala rosarina.
Intervención a 15 años en Rosario. Foto: Sofia Alberti
Autocrítica y disputa
Para Milagros Demiryi el desafío que dejó aquel ‘que se vayan todos’ es “hacer un análisis a mayor profundidad de lo que nos ha pasado como pueblo y organizaciones, revisar en profundidad nuestras prácticas. Los pudimos sacar, pero no poner lo que el pueblo necesitaba”. Si bien destacó “las experiencias creativas interesantes del pueblo” en aquellos años lamentó que “no logró dar el salto en lo cualitativo en la generación de líderes realmente consecuentes con la lucha y los intereses populares y con niveles de organización y consignas que superaran lo reivindicativo y economicista”.
Milagros Demiryi. Acto a 13 años del crimen hidrico. Foto: Sofía Alberti
Sobre el proceso abierto tras aquellos, consideró que el kirchnerismo en tanto gobierno populista tomó ciertas banderas para “cooptar y dividir al movimiento de derechos humanos” para finalmente “negociar en función de la defensa de los intereses de las clases dominantes”. Algo que vio reflejado en el dato concreto de que el kirchnerismo “no dejó capacidad instalada de movimiento independiente, todo está dentro del sistema”.
Además consideró que “la impunidad es uno de los problemas más graves que arrastramos en toda Latinoamérica”, actualmente atravesada por un “retroceso en los niveles de conciencia” y en episodios dramáticos que muestran continuidades, como la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, el fusilamiento de Rafael Nahuel y la desaparición hace 5 meses de Rosalia Jara, en Fortín Olmos, norte de Santa Fe.
De cara a las tareas para la lucha y la construcción de ‘un mundo donde quepan todos los mundos’, Demiryi llamó a mirar con atención la experiencia biliviana y multiplicar “otras experiencias para generar alternativas diferentes al sistema, porque dentro del capitalismo no hay lugar para todos”.
Reutemann tiene predilección por los genocidas
Ruben Naranjo. Foto: Diario La Capital
El Profesor Rubén Naranjo escribió en 1992 en el periódico de las Madres de Plaza de Mayo sobre la designación de funcionarios vinculados a la última dictadura genocida durante las gestiones de ‘Lole’ como gobernador.
Por un lado, la del Teniente coronel (R.E) Rodolfo Riegé en la Subsecretaría de Seguridad Publica. “Organismos de Derechos Humanos de Rosario y Santa Fe no escatimaron críticas por la presencia del militar en las más altas responsabilidades políticas de la provincia cubriendo el área de seguridad pública, en la cual se había desempeñado durante el último gobierno militar. En efecto, durante al Mundial 78 cumplió tareas de asesoramiento “técnico y de seguridad”, según declaró en un medio local expresando que ‘Desempeñé tareas exclusivamente relacionadas con la parte técnica de la segundad, el cultivo del pasto (sic), la guarda de las delegaciones’”.
Sobre el dos veces Ministro de Hacienda y Finanzas, contador Juan Carlos Mercier, quien desempeñó el mismo cargo en el último tramo dictatorial, Naranjo escribió: “Es evidente la existencia de la asociación “economía-seguridad” estrechamente sellada en un territorio que cuenta con importantes recursos materiales y una de las tasas de desempleo más altas del país -se traducen en miseria y marginación-, y en el que la política de los gobiernos es incapaz de definir un programa y un compromiso, no ya para los desposeídos sino para los diversos sectores productivos. (…) El retorno del pasado –Riegé, Mercier y otros a lo largo y ancho del país- debería sublevar a los “hombres dignos”. De hecho no es así”.
*Sofía Alberti, Secretaria de Comunicación CTAA Regional Rosario- Nota publicada en Revista Pasala CTAA Santa Fe
