Por Sofía Alberti* | Se cumplieron 17 años de las jornadas de rebelión popular y masacre ocurridas el 19 y 20 de diciembre de 2001. Como cada año, la CTA Autónoma acompañó a las y los familiares en el acto frente a tribunales. La impunidad sobre los crímenes cometidos por el poder sostiene el esquema de desigualdad social que disparó la masiva expresión popular.
Con mucho dolor como cada año, las y los familiares de las nueve víctimas que hubo en territorio santafesino bajo la gobernación de Carlos Alberto Reutemann, volvieron a pedir justicia. Graciela Acosta; Yanina García; Walter Campos; Juan Delgado; Ricardo Villalba; Rubén Pereyra; Marcelo Pacini; Graciela Machado; y Claudio “Pocho” Lepratti, quien era militante de la CTA, son las y los asesinados en aquellas jornadas. Hoy no hay detenidos por ninguna de las muertes sucedidas en su mayoría por balas policiales durante las represiones desplegadas en los barrios más empobrecidos de Rosario y Santa Fe.
Celeste Lepratti, hermana de Claudio y hoy Concejala de Rosario, denunció que “la mayoría de esos policías involucrados siguen en funciones, muchos han sido ascendidos y los responsables políticos, como Carlos Reutemann, nunca pisaron un tribunal para declarar”. En el caso de Pocho, sólo el policía Esteban Velázquez fue condenado a 14 años de prisión y al cumplirse una década ya estaba en libertad y haciendo campaña para el propio Reutemann por el PRO. Nunca se investigó la cadena de mando, el accionar de la jefatura y terminaron sobreseídos oficiales en la causa por encubrimiento.
De hecho, Rubén Pérez quien estuvo a cargo del operativo en Barrio Las Flores donde Lepratti fue asesinado en el techo de la escuela que era su lugar de trabajo, también disparó aunque no hirió a nadie. “Un juez indicó que también fue con la voluntad homicida de Velázquez, estuvo tres meses detenido y se dictó falta de mérito”, recordó Celeste.
La impunidad se repite en cada caso. La pena para el oficial Quiroz que mató a Graciela Acosta en Villa Gobernador Gálvez fue menor. El francotirador Omar Iglesias que le dio muerte en el suelo como ejecución sumaria en un reparto de comida al joven Walter Campos, fue sobreseído por considerarse su accionar en legítima defensa de terceros, pese a que no había nadie armado. Y posteriormente fue premiado incluso siendo parte de la custodia presidencial en un acto del 20 de junio en Rosario. “La justicia a 17 años sigue diciendo que a estos muertos y estas muertas no los mató nadie”, concluyó Celeste Lepratti.
Las mismas banderas
El Secretario General de la CTAA Rosario, Gustavo Terés expresó: “estamos en las puertas de Tribunales desde 2002 con los familiares y las organizaciones en este ritual laico, reclamando lo que corresponde: justicia contra la impunidad de los responsables políticos de perseguir y asesinar a estos hijos del pueblo que se rebelaron contra esta situación que era agobiante para los sectores populares”.
Analizando el proceso político y social que llevó al fin del gobierno de Fernando De la Rúa tras el dictado de estado de sitio y el despliegue represivo, con la histórica imagen de la guardia montada en Plaza de Mayo atropellando a las Madres, Terés consideró que “hubo un estado y un poder político que se negaba a reconocer los reclamos y sólo respondió con balas, que no pararon la movilización popular. Eso fue un argentinazo, una movilización donde miles y miles de ciudadanos estuvieron en la calle contra la barbarie y el ajuste”.
El dirigente de la CTAA, que en ese momento era delegado de base de su gremio y junto a otros hoy referentes de gremios que componen la Central permanecían en las calles, reivindicó de aquella gesta el “fortalecimiento de los movimientos populares, la autonomía, las asambleas populares, el surgimiento de organizaciones libres del pueblo que fortalecieron al movimiento. Y que permitieron una oleada de luchas que recuperaron derechos, que fueron fruto de un colectivo que tomó esas banderas. Luchamos para que esa situación económica y social no se repita, porque tenemos memoria no vamos a bajar ninguna bandera, Reutemann y el entonces secretario de seguridad Enrique Álvarez tienen que estar sentados en el banquillo de los acusados”.
El acto de las y los familiares, fue el inicio de diversas actividades que protagonizó también la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, que incluyeron un encuentro de memoria colectiva y una movilización importante en Rosario (ver aparte). En todas ellas se reivindicó el camino recorrido por gran cantidad de organizaciones y la labor de la Comisión Investigadora No Gubernamental que dio paso también a otras experiencias como la Asamblea 19 y 20, que perdura hasta hoy.
*Fotos y nota: Sofía Alberti, Comunicación CTAA Rosario
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