Por Comunicación CTAA* | Profundizando la brecha que denunciamos el año pasado, el gobierno de la provincia de Santa Fe mantiene asignaciones familiares de miseria para los y las empleadas públicas provinciales. Mientras en nuestra provincia hace tres años se pagan $260 de asignación por hijo e hija, el gobierno en Córdoba abona $540, en Buenos Aires $1412, en Entre Ríos $1648, y a nivel nacional $1684. La cifra se traduce en otros ítems que rozan la burla. Exigimos inmediata actualización y su aumento en paritarias.
Los montos de las asignaciones familiares en Santa Fe son, en promedio, cinco veces menores de lo que se paga en otras provincias y a nivel nacional. Desde la CTA Autónoma Regional Rosario expresamos nuestro repudio a la anulación de facto de estas sumas que son parte de nuestro salario y exigimos que con urgencia se reforme la ley que viene de la dictadura, se establezcan cifras acordes al nivel de vida actual y, en base a cifras dignas, se evalúen los aumentos ligados a los incrementos paritarios.
Las asignaciones familiares son un derecho conquistado que forma parte del salario. Son sumas de dinero percibidas por trabajadoras y trabajadores de distintos sectores. El Estado Nacional tiene una definición de largo alcance, abarcando a trabajadores/as ocupados/as y desocupados/as que forman parte del sistema de seguridad social del Estado. Las Provincias en tanto definen cuáles son los montos para los empleados públicos a su cargo. Hay asignaciones que se pagan mensualmente, otras anualmente y están las que se abonan por única vez ante un hecho específico, como un nacimiento o el matrimonio.
En concepto de ayuda escolar anual, los $170 (reiteramos, anual) que paga el gobierno de Miguel Lifschitz representa el 12% de lo que se paga a nivel nacional, estipulado en $1411. El porcentaje se replica al compararlo con provincias similares en estructura económica: Entre Rios $1043; Buenos Aires $1182; aunque más cerca de Córdoba donde se abona otra cifra miserable: $340.
La Ley de Asignaciones Familiares 9290 del 1° de Diciembre de 1983, fue una de las últimas medidas tomadas durante la dictadura cívico militar. Fue firmada por el entonces Ministro de Hacienda Juan Carlos Mercier, quien volvió a ese mismo cargo durante la gobernación del inundador Carlos Alberto Reutemann. Sigue siendo tan escandaloso que el estado dictatorial siga legislando derechos de trabajadores en democracia, como que los gobiernos democráticos de distintos partidos políticos hayan usado esa herramienta como patronal violando sistemáticamente la actualización de los montos.
Mediante el congelamiento de las sumas se anularon de hecho parte de las asignaciones que nunca entraron en el “paquete” de la lista que se actualizaba cuando el tema resurgía en reclamos, como sucedió tres años atrás. Al día de hoy Santa Fe abona $3 por hijo en educación inicial, y $4,50 la educación primaria y secundaria. También $3 en concepto de familia numerosa (de más de 3 hijos). $40 pesos por cónyuge a cargo.
A lo largo de estos años hubo innumerables pedidos de informes de distintos legisladores que no prosperaron. Ninguno de los gobiernos democráticos cumplió siquiera con lo establecido por la ley de la dictadura, teniendo la potestad absoluta sobre los montos. Tampoco cumplieron y fueron cómplices dirigentes sindicales provinciales que se sentaron y aplaudieron los aumentos de las sumas de miseria, festejándolos como logros de un derecho no garantizado y por cuyo cumplimiento jamás lucharon. Esos dirigentes y esas dirigentas deben también dar explicaciones en torno a por qué permitieron que la educación de nuestros hijos e hijas valiera tres pesos. O cuatro con cincuenta. Por qué permitieron discutir aumentos basados en la indignidad.
Desde la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, exigimos un piso digno para las asignaciones familiares, la publicación y accesibilidad de la planilla completa, la actualización automática con el aumento salarial anual y la modificación ya de la Ley de Asignaciones Familiares con un urgente balance del poder legislativo sobre la cesión de sus facultades y la exigencia de su retorno.
CTA Autónoma Regional Rosario
