Por Comunicación CTAA Rosario* | La Junta Interna de ATE Indec dio a conocer su informe de la Canasta de Consumos Mínimos, que al mes de diciembre de 2018 significó $39.409. Con un salario mínimo reconocido oficialmente en $11.300 y casi la totalidad de las paritarias cerradas muy por debajo del 49% de inflación interanual a enero, se calcula que cada estatal perdió $112.940 entre 2015 y 2018. Cómo impactan estos números en una paritaria provincial en pleno desarrollo y con una movilización de estatales planteada para el 21 de febrero.
Como lo hace periódicamente la Junta Interna del organismo de Estadísticas y Censos nacional, publicó su informe sobre el costo mínimo de vida para un trabajador o trabajadora y su familia. “Un Hogar constituido por una pareja con dos hijos menores necesita $39.409,4 al 31 de diciembre de 2018. Este valor se compone de $12.386,8.- (Canasta alimentaria mínima) y $ 27.022,6.- (Otros bienes y consumos mínimos)”, explica. En el desagregado regional, la Canasta de Consumos Mínimos (CCM) de la Región Pampeana fue calculada en $36.121,5.
Vale aclarar que las CCM no implican un modelo de lo que sería una canasta óptima, deseable, (que no puede surgir de un análisis estadístico, sino de una discusión social más global acerca de los objetivos y valores a que se aspira). Éstos son valores de mínima. Por eso mismo, ningún trabajador debería ganar -de bolsillo- menos que el valor calculado en este ejercicio.
Con una perspectiva inflacionaria para este año del 35%o más, la Junta Interna también realizó el cálculo de cuánto perdieron los y las empleadas de la Administración Pública Nacional entre 2015 y 2019, con paritarias sucesivas muy por debajo de la inflación real. De noviembre de 2015 a diciembre de 2018 para un trabajador categoría D0 (cuyo salario bruto según convenio SINEP asciende a $19.607), la pérdida fue de $112.940 (considerando las sumas fijas por única vez), lo que hace un promedio mensual de $3.052, que representan el 15,6% del salario normal de diciembre de 2018.
Provinciales
En Santa Fe, si bien la aplicación de la cláusula gatillo mitigó en parte este abismo, la realidad es que “llega tarde y mal”, como dicen las referencias sindicales. Salvo en el caso de trabajadores municipales cuya aplicación es automática, para el resto de dependientes del Estado Provincial la recomposición llega con dos o tres meses de retraso, operando a la baja en salarial. Es decir, no se recompone el poder adquisitivo y se lo reduce con la tardía aplicación del gatillo. A eso se suma el sostenimiento de mecanismos de precarización laboral que cercenan derechos a parte de los trabajadores y trabajadoras.
Ya prendidos a la dinámica de luchas de inicio de año, Amsafe Rosario, ATE Rosario y SIPRUS, plantearon los marcos de situación. La docencia pública presentó un informe en su primera asamblea de delegados y delegadas de 2019, donde da cuenta cómo la aplicación tardía de la cláusula gatillo atenta contra el poder adquisitivo de los salarios (ver gráfico). A la par, se denunció que “un 65% de compañerxs que no tienen vivienda propia alquilan, destinando un 60% del salario solo en el alquiler y un 30% de nuestros compañerxs viven de prestado”.
Las y los estatales de ATE vienen reclamando que sus salarios se equiparen a la CCM que difunde ATE Indec, pero la realidad es que una buena parte de ellos está incluso por debajo de la línea de pobreza. Aún les adeudan el gatillo de noviembre y diciembre y la diferencia proporcional del aguinaldo correspondiente. Asimismo, denuncian el sostenimiento de dinámicas de precarización laboral con miles de trabajadoras y trabajadores en áreas sensibles.
El Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud en su primera reunión paritaria planteó la necesidad de una recomposición salarial de $46.000 para el cargo de 24 horas y en ese camino un aumento que contemple como mínimo la inflación que se proyecta en más del 35%, más un porcentaje que permita recuperar lo perdido en 2018. Además, piden el sostenimiento de la cláusula gatillo como resguardo. En la misma línea de pelea contra la precarización, exigen pases a planta y equiparación de salario para los monotributistas, entre otros puntos.
Una cuestión que afecta fuertemente a todo el personal dependiente del Estado Provincial es la suma de las asignaciones familiares. Como lo viene denunciando la CTA Autónoma y los gremios adheridos y hermanos, el gobierno de Santa Fe paga un promedio de cinco veces menos de asignaciones familiares que otras provincias.
Mientras en Santa Fe se pagan $260 de asignación por hijo e hija, el gobierno en Córdoba abonaba en noviembre de 2018 $540, en Buenos Aires $1412, en Entre Ríos y a nivel nacional $1684. Hay a su vez otros ítems que rozan la burla: $170 de ayuda escolar ANUAL, $3 (TRES PESOS) por hijo en edad escolar y por familia numerosa, $200 por nacimiento, etcétera. Por eso se exige una actualización inmediata y su aumento en paritarias, ámbito del que nunca debió salirse la definición sobre este derecho.
Visualizando este panorama es que el frente de gremios públicos de la CTA Autónoma realizarán una movilización el 21 de febrero, para expresar en unidad en las calles las necesidades del sector que representa ni más ni menos que las estructuras del Estado abocadas a garantizar derechos elementales a la población.
*Secretaría de Prensa y Difusión Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma Regional Rosario
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