Por CTAA* | Los montos de las asignaciones familiares en la provincia de Santa Fe son, en promedio, la cuarta parte de lo que se paga en otros estados subnacionales y el nacional. Desde la CTA Autónoma Provincia de Santa Fe expresamos nuestro repudio a la anulación de facto de estas sumas que son parte de nuestro salario y exigimos que con urgencia se reforme la ley que viene de la dictadura, se establezcan cifras acordes al nivel de vida actual y, en base a cifras dignas, se evalúen los aumentos ligados a los incrementos paritarios.
Las asignaciones familiares son un derecho conquistado que forma parte del salario. Son sumas de dinero percibidas por trabajadoras y trabajadores de distintos sectores. El Estado Nacional tiene una definición de largo alcance, abarcando a trabajadores/as ocupados/as y desocupados/as que forman parte del sistema de seguridad social del Estado. Las Provincias en tanto definen cuáles son los montos para los empleados públicos a su cargo. Hay asignaciones que se pagan mensualmente, otras anualmente y están las que se abonan por única vez ante un hecho específico, como un nacimiento o el matrimonio.
Para empezar a despejar el debate sobre este complejo tema vale tomar de referencia el dato arrojado por la Junta Interna de ATE INDEC que determinó que, como suma mínima, elemental e indispensable para no caer en la pobreza, la Canasta Básica Total de los menores de edad va en orden ascendente de $1642,52 para menores de un año a $4786,76 para uno de 18 años.
En la provincia de Santa Fe la asignación mensual por hijo es de $260, contra los $540[1] de la Provincia de Córdoba, los $966[2] de Buenos Aires y los $1246[3] recientemente actualizados por la ANSES bajo el gobierno neoliberal de Mauricio Macri y en la paritaria en desarrollo de la provincia de Entre Ríos.
Es decir: la provincia que dice ser señera en materia de derecho infantil, cuyo partido gobernante se autoproclama socialista y está desde 2007 en el ejecutivo, paga una asignación por hijo que es menos de la mitad que la establecida por Juan Manuel De la Sota en Córdoba en 2015, menos del 27% de la que paga María Eugenia Vidal en Buenos Aires y el 20,86% de la asignación por hijo que determina el gobierno nacional, poco adepto al respeto de derechos y garantías constitucionales. Muestra de esta última valoración del macrismo es que la AUH es a su vez el 36,6% de lo que un niño y el 37,9% de lo que una niña de 10 años requieren para no ser pobres.
Aun así, la Asignación Universal por Hijo que también recientemente el gobierno de Entre Ríos decretó como monto de referencia en la paritaria en curso, quintuplica la que paga el gobierno de Miguel Lifschitz en Santa Fe. Monto que es extensivo a los miles de trabajadoras y trabajadores de los municipios y comunas.
A febrero de 2017 según la Cesyac (Centro de Estudios Sociales y de Acción Comunitaria), la canasta escolar tuvo un costo de $1.376 en adelante, sumándole el costo de los guardapolvos. Es un cálculo sobre 24 artículos de baja calidad y precio, considerando que se estimaba el costo de una mochila en $160, algo que no hemos encontrado en las tiendas locales.
No obstante, la ayuda escolar anual en nuestra provincia es de $170, mientras en Córdoba es de $340, en Buenos Aires $808 y de $1043 para beneficiarios vía Anses. Vale decir que ninguno de los tres montos cubre el precio de una mochila con carro donde quepa más que una cartuchera. Y los $170 santafesinos alcanzarían para una carpeta anillada y una escuadra, o una caja de 24 lápices de colores.
Congelando derechos
La Ley de Asignaciones Familiares 9290 del 1° de Diciembre de 1983, fue una de las últimas medidas tomadas durante la dictadura cívico militar. Fue firmada por el entonces Ministro de Hacienda Juan Carlos Mercier, quien volvió a ese mismo cargo durante la gobernación del inundador Carlos Alberto Reutemann. Además de ser más recientemente conocido como parte del equipo que empujó la campaña a Gobernador por el PRO de Miguel del Sel, es muy recordado por ser parte de la privatización de la provisión del agua, la subasta irrisoria del Banco Provincial de Santa Fe y el responsable ya como Ministro de Hacienda de Reutemann de bajar los sueldos a los jubilados y activos cuando no le cerraban los números de la Caja.
Sin dudas personajes como Mercier o Reutemann alientan tomos enciclopédicos de notas aparte. Pero en lo que concierne a las asignaciones parte del escándalo pasa no sólo porque el estado dictatorial siga legislando derechos de trabajadores en democracia. Sino que los gobiernos democráticos de distintos partidos políticos han usado esa herramienta como patronal y han violado sistemáticamente la actualización de los montos.
De hecho, en 1996 la normativa fue modificada por la Ley 11410 firmada por el Subsecretario de Asuntos Legislativos, Esteban Borgonovo. Pero, lejos de significar un aire democrático el objeto principal fue transferirle al Poder Ejecutivo Provincial la fijación de los montos. ¿Qué pasó desde entonces? ¿Pudieron los gobernantes quitarse el ‘escollo’ burocrático para garantizar el derecho de los hijos de esta Provincia? ¿Anualmente se preocuparon en mantener a raya el monto para que ningún pibe quede debajo de la línea de pobreza?
La respuesta es: NO. Desde entonces las actualizaciones han sido espasmódicas, cada tres o dos años cuando se aviva el fuego incandescente del debate. Mediante el congelamiento de las sumas se anularon de hecho parte de las asignaciones que nunca entraron en el “paquete” de la lista que se actualizaba cuando el tema resurgía en reclamos. Por ejemplo, Santa Fe abona $3 por hijo en educación inicial, y $4,50 la educación primaria y secundaria. También $3 en concepto de familia numerosa (de más de 3 hijos). $40 pesos por cónyuge a cargo. En las sumas no actualizadas a escala, la asignación por nacimiento es de $200 mientras trabajadores de las provincias vecinas cobran en promedio $1259.
Para tomar una dimensión de algo que cotidianamente se usa y está relacionado con la escolaridad, si comparamos el costo del pasaje del transporte urbano de pasajeros en Rosario entre 2004 y 2017 vemos que el boleto aumentó casi trece veces en trece años (de 0,75 a 9,70). Ni siquiera aplicando ese guarismo a los $3 por hijo en edad escolar llegamos a una suma digna. Por eso, más allá de los rimbombantes anuncios en torno a porcentajes que tanto discutimos en materia de salario, el punto es cuál es el número del que se parte.
Durante el gobierno de Antonio Bonfatti en 2013, por ejemplo, se anunció con bombos y platillos un incremento del 80% de algunas asignaciones. Para darse una idea del impacto real, la asignación por hijo ese año pasó a ser de $200. En aquella ocasión había en la mesa representantes gremiales para el anuncio: lejos de vociferar por el escándalo estuvieron allí para aplaudir la medida[4]. En 2014 entusiasmados desde el ejecutivo provincial anunciaron un incremento del 30%. Así la asignación por cónyuge pasó de $30 a $40, la asignación por hijo de $200 a $260, al igual que la prenatal. Los números dan cuenta que “porcentualizar el debate” atenta contra la efectivización del derecho.
Silencios y complicidades
A lo largo de estos 34 años desde la sanción de la Ley de Asignaciones Familiares en la Provincia de Santa Fe, hubo innumerables pedidos de informes de distintos legisladores que no prosperaron. Ninguno de los gobiernos democráticos cumplió siquiera con lo establecido por la ley de la dictadura, teniendo la potestad absoluta sobre los montos.
Tampoco cumplieron y fueron cómplices dirigentes sindicales provinciales que se sentaron y aplaudieron los aumentos de las sumas de miseria, festejándolos como logros de un derecho no garantizado y por cuyo cumplimiento jamás lucharon. Esos dirigentes y esas dirigentas deben también dar explicaciones en torno a por qué permitieron que la educación de nuestros hijos e hijas valiera tres pesos. O cuatro con cincuenta. Por qué permitieron discutir aumentos basados en la indignidad.
Según el Ministro de Gobierno durante la última actualización, Rubén Galassi, se calculaba que cien mil hijos e hijas de trabajadores públicos provinciales y más de 20 mil cónyuges son “beneficiarios” de las asignaciones familiares.
Lamentablemente para este informe debimos rastrear los montos actuales en Santa Fe ya que, a diferencia de lo que pasa en otras provincias, no son públicos. No es accesible la información de cuál es el monto de cada asignación, porque sería una autocondena. Denunciamos que estas sumas miserables, tan miserables como las decisiones de congelarlas, nos repulsan como la indignidad del silencio de los representantes gremiales provinciales cómplices.
Desde la Central de Trabajadores de la Argentina Provincia de Santa Fe exigimos entonces un debate urgente sobre el monto de las asignaciones familiares, fijando un piso digno, que incorpore el retroactivo al mes de enero de ayuda escolar o en defecto se otorgue una ayuda escolar de emergencia en junio, la publicación y accesibilidad de la planilla completa, la actualización automática con el aumento salarial anual y la modificación ya de la Ley de Asignaciones Familiares con un urgente balance del poder legislativo sobre la cesión de sus facultades y la exigencia de su retorno.
El Gobernador Miguel Lifschitz más allá de sus enérgicas apariciones mediáticas, ha sido en los hechos, dócil con la millonaria deuda del Estado Nacional con la Provincia. Pero ha sido duro con los trabajadores y las trabajadoras que emplea, haciéndoles pagar con su pobreza y la de sus hijos e hijas los costos de sucesivas crisis que generan los sectores concentrados.
Es urgente, necesario y absolutamente justo, tanto en el orden nacional para trabajadores privados y estatales, como en el orden provincial y municipal, eliminar topes y pagos parciales por “bandas salariales” a la hora de fijar los montos de las asignaciones familiares. Esto distorsiona y desnaturaliza o niega el derecho a las asignaciones familiares.
La CTAA convoca a las conducciones locales y seccionales trabajadores y trabajadoras del Estado, docentes, comisiones internas, delegados y delegadas, militantes de base, a multiplicar este reclamo para unificar la lucha en defensa del salario y nuestro derechos y generar así la fuerza organizada para de una vez por todas, después de 34 años, la democracia llegue a nuestros salarios.
Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma Provincia de Santa Fe
[1] Asignaciones con montos fijados en Mayo de 2015 por Juan Manuel De la Sota en Decreto 396/2015 , con actualización de las bandas salariales en cada paritaria, no así de los montos. Modificatoria a la suma por cónyuge Decreto 821/2016.
[2] Decreto 1401/2016
[3] Decreto 625/2017
[4] http://www.unosantafe.com.ar/santafe/el-gobernador-anuncio-un-aumento-las-asignaciones-familiares-del-80-n826150.html
