En septiembre los precios aumentaron un 6,2%, llevando a un acumulado de 83% de interanual. Con la moneda, se devalúan los salarios y los derechos que éstos garantizan. La jubilación mínima, es un cuarto de la canasta básica calculada para el sector.
Ilustración: Marcelo Spotti, para Canal Abierto
En el noveno mes del 2022, el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la variación mensual en todas las regiones del país. Un dato reiterado y altamente preocupante, que da cuenta de la cada vez más complicada posibilidad de acceder a lo elemental.
Mientras se conocían estos datos, aparecía del lado sindical el cálculo de referencia basado en el costo de vida real: el sector aceitero, que defiende desde 2004 el salario mínimo vital y móvil según lo establecen la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo, peleó y logró en paritarias un básico inicial que, a partir del mes en curso, será de $221.760.
Con el foco puesto en porcentajes para conservar poder adquisitivo, otros gremios lograron buenos acuerdos, como Bancarios, estatales bonaerenses y, con una lucha ejemplar contra el Estado y las empresas, los trabajadores del neumático enrolados en el SUTNA.
Como contrapartida, el salario mínimo oficial se ubica en $54.550. Esto afecta especialmente a los segmentos ya de por sí más precarios del mundo del trabajo. La cifra, además de no cubrir ni un alquiler y gastos fijos, marca un retroceso respecto al poder de compra que tenía en 2015, cuando ya sabía a poco. Para lograr equipararlos (ni siquiera mejorar), debería incrementarse más de un 30% el mínimo actual establecido por el Consejo del Salario.
No obstante, en este mundo de creación de realidades paralelas mediante discursos instalados, los voceros gubernamentales lanzaron el concepto irresponsable (y cómplice) de ‘inercia inflacionaria’. Así, se presenta al aumento del costo de vida como un evento físico inmanejable y sin claros responsables de su incesante escalada, que masacra el nivel de vida de una población ya bastante golpeada, para beneficiar un puñado bien identificado.
Tampoco la justicia monetaria llega a quienes tienen algo de capacidad de ahorro, porque se encubrió una devaluación limitando el acceso al dólar a compradores minoristas y se crean cotizaciones de esa moneda para rasguñar verdes de las piedras. No actualizarán hasta el mes próximo del impuesto a las ganancias, pero estuvieron rápidos en abrir un precio promocional de los billetes estadounidenses a los sectores que sí condicionan las reservas y mueven a lo grande.
Quizás los números marean. La realidad angustiante no hay que contársela a quienes la viven, pero sí presentarla constantemente como denuncia y base de los reclamos gremiales. Sobre todo ante una cúpula sindical que parece estar más preocupada peleando cargos y espacios en palcos oficiales. Postura que, vale resaltar, no representa al grueso del mundo sindical donde miles de delegados y delegadas de base ejercen con honestidad y conciencia su representación.
Mínima de verdad
La situación de las personas que cobran jubilaciones es dramática. Los y las adultas mayores no tienen siquiera la posibilidad obligada de trabajar más para conseguir más ingresos. Según indica el espacio Gerontovida que dirige el especialista Eugenio Semino, más del 85% de los jubilados y pensiones cobra haberes inferiores al valor de la canasta.
“La Canasta Básica del Jubilado, con gastos de vivienda incluidos, dio en su última medición la cifra de $151.578, un monto del que está absolutamente excluida la amplia mayoría de las personas que cobran una jubilación”, detalla la Defensoría de la Tercera Edad.
Son alrededor de 6.000.000 de jubilados y jubiladas que cobran una mínima de $ 43.000 y en el que el resto recibe un haber promedio de $ 65.000. Mientras que la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) es de $ 34.642 y las Pensiones no contributivas de $ 30.347, sostiene Eugenio Semino.
Está a la vista que la centralidad de los gremios hoy debería ser desplegar fuerza unitaria a nivel nacional para recuperar y aumentar el poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y pensiones, exigiendo las urgentes mejoras en las condiciones de trabajo.
Porque, ante la carencia de políticas que frenen el aumento de precios, la “inercia inflacionaria” pone a los salarios como variable de ajuste. Por ende, se cercenan los derechos que el salario tiene que garantizar. Así, los horneros del billete de mayor denominación, están heridos de muerte. Y quienes deben salvar su valor están, en realidad, cavando su tumba.
Secretaría de Comunicación CTAA Rosario – Ilustración: Marcelo Spotti, para Canal Abierto
