Por Comunicación CTAA* La CTA Autónoma Rosario participó de la gran expresión popular exigiendo la protección del humedal del Paraná, ante los voraces incendios que azotan la región. Hubo una marea de autos y bicicletas desde el Monumento a la Bandera hacia la cabecera del Puente Rosario- Victoria, cuyo acceso fue cortado.
Emocionante. Así fue la imagen de la gran caravana convocada por la Multisectorial que, en medio de una espesa humareda, volvió a pronunciarse por la inmediata sanción de la Ley de Humedales en una jornada histórica.
Vale recordar que estos ecosistemas cumplen un rol importante como reservorio de biodiversidad y brindan alimento, refugio y sitios de reproducción a numerosas especies. El Paraná No Se Toca calcula que en el territorio del delta hay 700 especies de plantas; 47 de mamíferos; 270 de aves; 37 de reptiles; 27 de anfibios y más de 200 de peces identificados hasta el momento. Por eso se habla de que lo que sucede en las islas es un ecocidio.
Después de años de desidia, las quemas de pastizales atribuidas a la producción ganadera frente a Rosario adquirieron en 2020 dimensiones dramáticas. No sólo para la población de numerosas localidades ribereñas por el insalubre humo, sino para la regulación ambiental a largo plazo de un área muchísimo más extensa.
Se habla de un frente de fuego de 600 kilómetros. A mediados de julio se estimaba que el área quemada equivalía a casi tres veces el territorio que ocupa la ciudad de Rosario. Luego de esa fecha, los focos fueron multiplicándose, dejando imágenes de columnas de fuego sobre el Paraná que recorrieron el mundo.
Responsables
La Cámara Federal de Rosario ratificó la incompetencia de un juzgado local para intervenir en un amparo colectivo ambiental por los incendios en la zona de islas del río Paraná. Además ordenó a la provincia de Entre Ríos suspender por seis meses las autorizaciones de quema de pastizales y a la Nación realizar un “sistema permanente de control preventivo”, según consignaron fuentes judiciales a medios de comunicación.
De ese modo, la Sala “A” de la Cámara rosarina envió el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al entender que es quien posee la competencia “originaria y exclusiva” para entender en el pleito, según la resolución.
Como sucede con las causas que recaen sobre personas poderosas, periodistas locales que siguen las implicancias judiciales dan cuenta de las dificultades en acceder a las listas completas con los nombres, más allá de los trascendidos y los nombres que ‘se suben’ y ‘se caen’ de los procesos penales.
Según Diario La Capital, medios entrerrianos publicaron una nueva lista de los que serían dueños de los terrenos donde se producen los incendios en las islas frente a Rosario. Los imputados hasta el momento son Rufino Pablo Baggio (Gualeguaychú), y los domiciliados en la ciudad de Rosario Enzo Federico Vignales, Raúl Alvaro Morist y Rachinsky, Esteban Ricardo Morist y Rachinsky, Julián Marcelo Luraschi, Amelia Marta Barinotto y José María Vicenti. A todos se los acusa por la presunta violación a los artículos 186 y 194 del Código Penal (incendio intencional y entorpecimiento de medios de transporte), y la ley 24.051 de residuos peligrosos.
La publicación afirma que se trata de los titulares de las parcelas donde se produjeron los incendios de pastizales que perjudican la flora y fauna de los humedales y a los vecinos de las poblaciones aledañas, que serían notificados por estas horas. Algunos son conocidos empresarios, otros son productores ganaderos, y también hay personas jurídicas, es decir, nombres de empresas.
“Los entrerrianos son María Isabel Meichtry, de Villa Elisa; María Cristina Castiglione y Aníbal Baggio, de Gualeguaychú; Ariel Stuker de La Criolla; Amelia Barinoteo, de Victoria; y José Orlandi, de Nogoyá. Los rosarinos son: Federico Facundo Müller; Mauricio Sobrido; David Sobrido; Carlos Alberto Sidoti; Jorge Casals y Daniel Corvalán. Los siguen Hipólito Maceratesi y Diego Cuello & Stumpo & Crosetti, de la ciudad de Santa Fe; Agustín Corbellini Guilder, de Puerto General San Martín; y el Establecimiento El Barrancoso, de General Lagos. Por último, figuran Víctor Jarmolinski; Sofía Parera; y Ganadera Copra S.A. de la Capital Federal”, asegura el medio gráfico.
En una de las notas más profundas sobre quiénes son los responsables de esta quema indiscriminada, la periodista Laura Vilche reveló: “el apellido más conocido del listado de dueños de los campos es sin dudas el de Baggio. Y Rufino Pablo, más conocido como «Pino», es uno de los hijos de Rufino padre quien fundó en 1959 la tradicional empresa en Gualeguaychú, una localidad de 110 mil habitantes, al sur de Entre Ríos y a 264 kilómetros de Rosario”. Y apuntó: “el apellido Baggio, ligado a una importante empresa de jugos, abigeato, un robo y un crimen no resuelto, y una reciente estafa familiar”.
Sin dudas al frente, costados y detrás del ecocidio hay actores y actrices muy importantes. El accionar de los diversos gobiernos ha sido, al menos, deficiente ante el desastre. “Desde la CTA Autónoma Rosario, planteamos la urgente aplicación de una ley de humedales, la protección de este área es estratégica para la salud no sólo de las y los santafesinos, sino de todo el país. Si bien hay un daño irreversible, es necesario detener la expansión del mismo y proteger a la flora y fauna de la voracidad del agronegocio, de quienes priorizan sus intereses económicos a la salud de un país. Y en eso también responsabilizamos claramente a los gobiernos de ambas provincias, los municipios y comunas afectados y el nacional que debieron reaccionar muchísimo antes ante este desastre”.
Comunicación CTAA Rosario
