Por CTAA Rosario* | Este 24 de marzo se conmemora una vez más el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. A partir del particular contexto que nos toca vivir en función de las medidas sanitarias tomadas por el gobierno nacional con respecto a la pandemia COVID-19, somos llamados/as a rememorar lo experimentado por nuestro país hace 44 años atrás y reclamar por justicia para los 30.000 desaparecidos y sus familiares, la restitución de los/as niños/as apropiados/as y la reparación para los sobrevivientes a la feroz represión ejercida por el Terrorismo de Estado durante aquellos años de plomo en Argentina.
Esta vez el Pueblo no estará en las calles y plazas haciendo memoria de lo sucedido aquel fatídico 24 de marzo de 1976, condenando el Terrorismo de Estado. La situación impide las múltiples marchas y concentraciones que caracterizaran a otros años reclamando por justicia no sólo en lo referido a los crímenes de lesa humanidad, sino también en lo relacionado a las realidades actuales de violencia institucional que aún persisten después de 37 años de recuperada la democracia. Por eso, la CTAA-Regional Rosario llama a participar desde los hogares con distintas propuestas, entre ellas, la colocación de pañuelos blancos en balcones y ventanas de casas o departamentos, así como la realización de carteles alusivos a la fecha.
A 44 años del golpe de Estado cívico-militar es fundamental hacer memoria de lo sucedido y de sus entramados económico-políticos, pero también es central seguir denunciando el rol que aún cumple ese bloque de poder en la Argentina del siglo XXI. En este sentido, recordar que fue perpetrado por los responsables de las Fuerzas Armadas de la época y que constituyeran el brazo armado de un bloque de poder en el cual se encontraban representados los principales grupos económicos de ese tiempo (el complejo agroexportador, minero y financiero nacional en asociación con los grandes capitales transnacionales), respaldado por los medios masivos de comunicación y un amplio sector de la jerarquía de la Iglesia Católica Apostólica Romana en el país (salvo honrosas excepciones),
Y ello se debe a que durante el denominado ‘Proceso de Reorganización Nacional’ se inaugura no sólo una de las etapas más oscuras de la historia nacional en lo que a Derechos Civiles y Políticos se refiere, con el plan sistemático de desaparición de personas, torturas, apropiación de niñas/as nacidos/as en cautiverio, asesinatos y represión contrainsurgente implementado en cooperación con otras dictaduras de América Latina (el famoso Plan u Operación Cóndor). Sino también en lo que fuera la conculcación de aquellos Derechos enmarcados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: la prohibición del derecho a la huelga -derecho reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los Tratados Internacionales existentes en la materia- o la imposibilidad de fundar confederaciones sindicales mediante la ley 22.015, se constituyen en botones de muestra de las políticas antiobreras llevadas adelante por el Terrorismo de Estado.
Ya el famoso “Programa de Recuperación, Saneamiento y Expansión de la Economía Argentina”, implementado por el superministro de la cartera de Economía de la Nación, José Martínez de Hoz, implicaba el punto de partida de un proyecto económico, político, social y cultural que ha dejado una herencia permanente en la historia reciente de nuestro país. Sobre todo en lo que respecta a la reconfiguración de la matriz económica nacional y al proceso de endeudamiento público del cual Argentina no ha podido salir: la desindustrialización, concentración económica, endeudamiento externo y valorización financiera son máculas del Proceso de Reorganización Nacional que no han podido ser revertidas en lo sustancial desde que la democracia retornara en el año 1983.
Los 30.000 desaparecidos fueron la expresión civil y política de un proceso de terrorismo estatal dirigido contra la clase trabajadora, el estudiantado universitario y secundario, así como a un amplio sector de la población civil. El objetivo fue imponer un modelo económico, social y político, donde la reducción de las funciones básicas del Estado (entendido como Estado Social y Democrático de Derecho), la liberalización de los mercados financieros, la primarización y extranjerización de la economía argentina, así como el debilitamiento de la clase obrera organizada, se levantaban como las metas últimas a implementar mientras durara el proyecto represivo y genocida.
Ciertamente, a 44 años del golpe de Estado, al hacer memoria de lo sucedido no sólo recordamos a las víctimas del Terrorismo de Estado en sus facetas estrictamente represivas, sino en las secuelas económicas y sociales que el mismo ha dejado, las cuales los gobiernos democráticos aún no han logrado superar. Hacia el año 2013, de las 200 empresas más importantes que operaban en Argentina, el 70 % se encontraban bajo el control de capitales extranjeros, con la consecuente renuncia a la soberanía nacional que allí se presenta, y actualmente, la relación de la deuda con el PBI argentino gira en torno al 97%, transformándonos así en el país más endeudado de la región (según datos de la CEPAL).
Asimismo, desde 1983 hasta diciembre de 2019, fueron registradas 7.093 personas muertas por el aparato represivo estatal, de las cuales 1.833 pertenecen al período de gobierno de la Alianza Cambiemos, con una muerte cada 19 horas según nos informa la CORREPI. A esto, deberíamos sumar los casos referidos a la criminalización de la protesta y de la pobreza, así como de personas muertas durante casos de represión en la que actuaran fuerzas federales (Santiago Maldonado con Gendarmería Nacional y Rafael Nahuel con Prefectura Naval Argentina). De allí la importancia de reconocer cómo se vinculan aparato estatal represivo y ajuste estructural económico dirigido contra la clase trabajadora (y los sectores populares de nuestro país).
Por ello, si bien celebramos los avances que se han dado en lo referente a Memoria, Verdad y Justicia en la región, en las cuales los juicios por crímenes de lesa humanidad inaugurados durante el año 2009 con la Causa Guerrieri-Amelong constituyen verdaderos hitos para la democracia en Argentina y en nuestra ciudad, también es necesario mostrar la situación real concreta en la que se encuentra el problema endémico de los aparatos represivos instalados dentro del mismo Estado, con la corrupción instalada en las fuerzas policiales provinciales y los problemas estructurales que presenta el sistema judicial en todo el territorio nacional.
De esta manera, la CTAA-Regional Rosario si bien reconoce la importancia del conjunto de medidas adoptadas por el gobierno nacional en el marco del DNU 297/2020, también observa la gravedad que existe en la posibilidad de otorgar prisión domiciliaria a aquellos genocidas que la soliciten ante la emergencia sanitaria del COVID-19 (tal el caso de Alfredo Astiz). Ello es inadmisible y el hecho de que se encuentren en situación de cárcel común, de ninguna manera viola el Estatuto de Roma. Asimismo, la preocupación de la Central también se enfoca en los casos represivos y de falta de atención alimentaria dados en unidades penales y cárceles del país, así como en lo referido al hostigamiento de personas que se está registrando en distintos barrios del conurbano bonaerense y el Gran Rosario: a esto decimos que claramente no es con represión, ni tampoco con medidas extremas como la declaración del estado de sitio, como se logrará evitar la expansión de la pandemia ni garantizar la vida y salud de todos/as.
Igualmente nos preocupa el giro autoritario que está tomando el discurso político y social en general con relación a la posible implementación del estado de sitio en el país (como una probable disposición que fuera esbozada por la propia Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic). No es a través de medidas y posicionamientos que nos retrotraen a los peores momentos de la historia argentina que podremos llevar adelante el conjunto de acciones y cuidados sanitarios que la población hoy requiere. Es por eso que rechazamos las declaraciones de los funcionarios de Buenos Aires y Santa Fe (Sergio Berni y Marcelo Sain respectivamente), quienes han sostenido que “no hay lugar para los librepensadores” (Berni) y “¿No corresponde un estado policial severo frente a la inseguridad?” (Sain).
Esto no puede plantearse en términos de guerra, con metáforas bélicas que no corresponden a una crisis sanitaria que requiere otro tipo de respuestas, como inversión en infraestructura de salud, acompañamiento social-estatal en materia de higiene y prevención, adquisición de camas y reactivos para el testeo, así como esencialmente, equipamiento y soporte material para los/as trabajadores/as de la salud. Abordar la prevención en salud con signos evidentes de saturación en materia de seguridad pública con personal policial provincial, fuerzas federales y Fuerzas Armadas, no constituye un accionar acorde a la dinámica de un Estado Democrático de Derecho: de allí nuestra preocupación por los excesos en la implementación del DNU 297/2020 y la protección de aquellas libertades democráticas garantizadas por la Constitución Nacional.
Sin embargo, los anuncios son muy alarmantes debido a que ante la emergencia sanitaria causada por la pandemia, se propone mayor inversión en seguridad para sostener los operativos policiales en los barrios más pobres, lo cual ya ha generado episodios de represión y hostigamiento que se muestran como preocupantes en plena democracia, debido a que precisamente las fuerzas de seguridad provinciales se han caracterizado por su alto nivel de corrupción y sus vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado en sus respectivos territorios.
Y por último, como CTAA-Regional Rosario, en este 24 de marzo llamamos a los Estados nacional, provincial y municipal a la atención de los sectores más vulnerables de la población, a saber, quienes viven en situación de precariedad habitacional, familias en situación de calle, así como también al conjunto de los/as trabajadores/as precarizados/as quienes se verán profundamente afectados/as por las medidas sanitarias adoptadas y que aparentemente se prolongarán en el tiempo de aquí en más.
¡No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos!
¡30.000 compañeros desaparecidos, presentes, ahora y siempre!
Secretaría de Derechos Humanos CTA Autónoma Regional Rosario
